El investigador para México de Amnistía Internacional Carlos Karim Zazueta criticó duramente al Gobierno mexicano, al que acusa de tener una "enorme responsabilidad" en la situación que vive el país, y aseguró que el Estado pone más atención en su imagen política que en solucionar "un problema gravísimo de derechos humanos".

En entrevista con dpa el experto mexicano, que se encuentra estos días de visita en Berlín, analiza la situación de los derechos humanos en México y, en especial, la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela rural de formación de maestros de Ayotzinapa hace casi un año y medio, en el sur de México.

dpa: Hace dos semanas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó el resultado de una investigación que afirma que México atraviesa una crisis de derechos humanos. ¿Qué tanta responsabilidad tiene el Gobierno mexicano?

Zazueta: Una enorme responsabilidad. El Estado ha fallado en dar respuesta, en atender correctamente las problemáticas, no sólo para prevenir que cosas ocurran, sino para investigarlas una vez que ocurren. El Gobierno ha creado algunos mecanismos, es cierto, pero no parecen mecanismos dotados de suficiente autoridad, de independencia.

dpa: Está claro que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no es el único caso ni de desaparición ni de violación de los derechos humanos en México, pero sí es uno de los que más atención internacional ha recibido. ¿Por qué?

Zazueta: El caso ayudó a romper la narrativa estatal de que los desaparecidos son delincuentes. Implicaba que no es un tema sólo de narcotráfico, sino un tema que afecta a la sociedad y que fue muy mal gestionado por el Estado. Muy poca investigación y de muy mala calidad (...). El presidente tardó más de una semana en pronunciarse. Tampoco dijo nada muy solidario o que mostrase un compromiso con el caso. Eso hizo que la gente reaccionara.

dpa: Hay reportes que señalan que lo ocurrido en Ayotzinapa es un ejemplo de la colusión entre el crimen organizado y agentes del Estado. ¿Usted qué opina?

Zazueta: No hay duda. Es algo que también se ha visto en otras partes del país como en la frontera norte y es algo que ya se sabía, pero era difícil tener evidencia tan fuerte como en este caso en el que hay videos y suficiente información. Está claro que había detenciones arbitrarias, con uso excesivo de la fuerza, llevadas a cabo por policías que después los entregaron a la delincuencia organizada.

dpa: ¿Eso podría explicar el por qué el Estado no actúa o actúa muy tarde?

Zazueta: Podría explicarlo, aunque desafortunadamente la realidad es que suele actuar muy mal en todos los casos. México tiene una impunidad del 98 por ciento. Hay muchos incentivos para que los delincuentes sigan delinquiendo porque no les pasa nada. Amnistía Internacional ha revisado muchos casos de personas sancionadas y ha encontrado que son inocentes. Al Estado le importa más su imagen política que solucionar un problema gravísimo de derechos humanos. En el caso de Ayotzinapa se tuvieron que involucrar porque había demasiada presión social nacional e internacional.

dpa: ¿Cómo está actualmente el caso de Ayotzinapa?

Zazueta: Hay una intención del Estado por que se resuelva lo más rápido posible. Han tomado cualquier pequeña posibilidad y han dicho que ésa es la verdad con tal de cerrar el caso y quitarse el problema político (...). Estamos lejos de saber lo que pasó en la realidad y estamos lejos debido a los problemas de investigación del Estado porque en los primeros días hizo un muy mal trabajo.

dpa: ¿Por qué en México se recurre a la desaparición forzada y la tortura?

Zazueta: La desaparición es un mecanismo que sirve para producir terror en la población. Produce más parálisis que el homicidio porque la gente no sabe si la persona desaparecida está viva o no, no sabe si pedir justicia, la gente se inmoviliza. Además, es un mecanismo que deja menos huellas y es más difícil de investigar.

dpa: Cuanta más impunidad, más repeticiones de actos violentos. ¿Qué hacer? ¿Qué medidas tomar?

Zazueta: Las desapariciones han tenido el efecto de generar redes de apoyo y redes desde la sociedad civil que están proponiendo cosas interesantes, que están generando cambios en la forma de las investigaciones, cambios legales. El Estado tiene la responsabilidad, pero también tiene el apoyo y los insumos (...) No es imposible un cambio, pero tiene que haber una voluntad política y real.