La fiscalía general de México calificó hoy de "jurídicamente inexistente" un documento interno que, según investigaciones periodísticas, estableció que hubo ilegalidades en las pesquisas del caso Ayotzinapa.

"Cualquier documento que pudiera existir y que se hubiese difundido por medios no oficiales, en el que se hagan referencias a las evaluaciones practicadas sobre expedientes relacionados con la desaparición de los estudiantes normalistas, en tanto no sea debidamente formalizado, se trata de un simple proyecto con el carácter de consideraciones en estudio, que carecen del rango de resolución formal", afirmó la Procuraduría General de la República.

El documento en cuestión es un informe elaborado por el anterior inspector general de la fiscalía Alejandro Chávez Flores, que detectó que hubo conductas al margen de la ley en las investigaciones, que afectaron el "derecho a la verdad" en el caso de 43 estudiantes desaparecidos hace dos años.

De acuerdo con el diario "The New York Times" y la periodista Anabel Hernández en su libro "La verdadera noche de Iguala", el documento iba a ser presentado el 18 de agosto a los padres de los estudiantes, a quienes se les dijo que sólo faltaba la firma final.

Pero finalmente nunca fue hecho público y el encargado de la investigación, que era quien tenía que firmarlo, renunció cuatro semanas después.

En su libro, Hernández, una periodista con una importante trayectoria en investigaciones sobre crimen organizado, señala que la razón por la que no fue firmado es porque hubo presiones sobre Chávez Flores de la propia fiscal general de entonces, Arely Gómez.

Gómez "le pidió a Chávez Flores que no lo hiciera, que esperara, ya que el incómodo dictamen debía pasar primero por el visto bueno del presidente", dice el texto.

De acuerdo con Hernández, durante varios meses la procuradora, subprocuradores y el propio jefe de la agencia de investigación criminal Tomás Zerón, señalado como responsable de haber cometido las irregularidades, "presionaron al visitador para que cambiara las conclusiones de su indagatoria".

Según afirmó la Procuraduría General en un comunicado, en reacción a la nota publicada por "The New York Times" la noche del jueves, los documentos mencionados por el diario "se caracterizan por encontrarse sin la debida formalización" y "al carecer de los requisitos legales que les aplican son jurídicamente inexistentes".

El documento interno de 177 páginas, al que tuvo acceso "The New York Times", establecía que eran inválidas todas las actuaciones realizadas por Zerón con un detenido, sin presencia de su abogado, en el río San Juan.

Esa diligencia del 28 de octubre de 2014, nunca registrada en el expediente, fue clave porque al día siguiente se anunció el hallazgo en ese sitio de una bolsa con cenizas con el único hueso calcinado identificado con certeza como de uno de los estudiantes.

Los estudiantes de la escuela rural para maestros de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, unos 200 kilómetros al sur de la Ciudad de México, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, después de ser supuestamente entregados por policías municipales a un grupo criminal por causas nunca esclarecidas.

La fiscalía general afirmó dos meses después que la "verdad histórica" era que los estudiantes habían sido asesinados y calcinados en un basurero y que autoridades municipales trabajaban para el cártel Guerrero Unidos.

En el "acuerdo de conclusión" de la investigación interna, Chávez Flores afirmaba, según Anabel Hernández, que las ilegalidades cometidas antes y después de las inspecciones en el lugar tenían un efecto corruptor en la prueba".

El funcionario también hizo una auditoría a todo el expediente del caso Ayotzinapa y en sus conclusiones preliminares pedía ampliar las investigaciones para determinar cuál había sido el papel del Ejército y de la Policía Federal la noche de la desaparición.