Desde la antigua certificación en el combate a la droga hasta la extorsión de los aranceles en tiempos de Donald Trump, lo de Estados Unidos con México ha sido el reclamo que no cesa. A juzgar por la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, el gobierno de Joe Biden no será la excepción. Aunque en términos y tono distintos a la violenta pedantería de Trump, Harris dejó claro qué espera de la colaboración mexicana en migración y seguridad, los dos temas prioritarios de la agenda bilateral actual. Quiere que México ayude a contener a los migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos además de continuar el combate contra el crimen organizado y controlar el tráfico de drogas, sobre todo del fentanilo, que se ha vuelto una importante fuente de ingreso para los cárteles mexicanos y una pesadilla en Estados Unidos, donde el apetito por los opioides es una crisis de salud pública.

Ahora bien, ¿qué está dispuesto a dar el gobierno estadounidense a cambio de esta colaboración en frentes tan complejos? Durante su visita a México y Guatemala, Harris ofreció poco. La promesa de inversión es pobre. Las declaraciones de entendimiento e intercambio de información y capacidades no son un parteaguas diplomático. Pero eso no es lo peor. El problema no es solo la falta de solidaridad activa del gobierno de Estados Unidos sino la absoluta carencia de autocrítica y, todavía más, de voluntad por resolver el lado estadounidense de la ecuación de la violencia regional. El ejemplo más claro es el más doloroso: el contrabando de armas de Estados Unidos a México.

Se ha dicho un millón de veces, pero vale la pena repetirlo: no hay manera de explicar la violencia en México sin las armas compradas en Estados Unidos y traficadas a México de manera ilegal e impune. El aterrador arsenal del Cártel Jalisco Nueva Generación, que al grupo le gusta presumir en videos y arengas de corte militar, proviene casi por entero de Estados Unidos.

¿Y qué hace el gobierno estadounidense? Nada, o peor que nada. Por años, el poder legislativo en Washington ha evitado aprobar incluso las más elementales medidas de control de armas.

No todos tienen la misma responsabilidad. El partido demócrata ha intentado una y otra vez aprobar restricciones a la compraventa de armas. El partido republicano ha hecho lo contrario. En el Congreso federal y mucho más a escala local, los republicanos se han opuesto prácticamente a cualquier medida sensata. El asunto se ha vuelto una batalla política de tal calibre que Kamala Harris ni siquiera mencionó el tema en México. Es absurdo.

Por años, los gobiernos de México han preferido no responder a esta omisión estadounidense. Andrés Manuel López Obrador no ha sido diferente. A pesar de que el canciller Ebrard entiende la magnitud del problema, México no ha reclamado gran cosa. Es más: en uno de esos episodios del desatino a los que nos hemos acostumbrado, el presidente de México le ha dedicado (mucho) más tiempo a reclamar sobre los fondos de USAid a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción que a exigirle al Congreso estadounidense, y a los gobiernos estatales, como Texas, decisiones específicas contra el tráfico de armas. Es incomprensible. A estas alturas ya está claro que al presidente de México no le falta ánimo de confrontación con Estados Unidos. Adelante, pero no debe gastar la pólvora en infiernitos. Si López Obrador va a usar su capital diplomático para exigirle algo a Estados Unidos, que lo haga para algo que valga la pena. Antes que escribirle a la secretaría de Estado sobre USAid, que lo haga a Mitch McConnell, líder de los republicanos en el Senado, o a Greg Abbott, gobernador de Texas. Ellos sí que hacen daño a México, concretísimo daño. Es hora de que México también exija, pero en lo realmente importante.