México afronta su gran catarsis, un cambio de raíz en el sistema. La creación de una Fiscalía General, un organismo independiente del Gobierno y de un nuevo sistema de procuración de justicia, asoma al país ante un desafío inédito: evalúa la altura de la clase política, con una credibilidad bajo mínimos ante la opinión pública y enfrascada en la batalla por las presidenciales del próximo año; calibra la fuerza de la sociedad civil y, en definitiva, mide la capacidad del Estado para paliar un déficit estructural en un país donde el 98% de los crímenes quedan impunes.

Si el reto es mayúsculo, la incertidumbre sobre si llegará a buen puerto no le va a la zaga. Hace tres años el Gobierno de Enrique Peña Nieto acordó con la mayoría de fuerzas opositoras, al amparo del Pacto por México, una reforma política que pondría fin a la Procuraduría General de la República (PGR), el órgano encargado de investigar y perseguir delitos, que depende del Ejecutivo y cuya credibilidad está en entredicho permanentemente. “La falta de independencia de la PGR y las fiscalías son el corazón de la impunidad en México. La capacidad del Gobierno por desarrollar investigaciones criminales es muy débil, por usar un eufemismo”, afirma Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). “La falta de una procuración de justicia imparcial explica la ausencia de un verdadero Estado de derecho, la disfuncionalidad de México; es la madre de todas las batallas”, completa la politóloga y analista Denise Dresser.

La falta de consenso ha impedido, tres años después, el desarrollo de la ley que prevé dotar al futuro fiscal general de un poder prácticamente omnímodo: un mandato de nueve años, tres más que el del presidente e independencia absoluta del Ejecutivo. Además, será el encargado de nombrar al fiscal que combata a la corrupción, una de las lacras que asola el país y, junto a la violencia, la principal preocupación de los ciudadanos. Muchos ven en Brasil, donde la Operación Lava Jato ha puesto patas arriba el sistema, el espejo de lo que México debe aspirar. Según el relator de la ONU para los Derechos Humanos, el 98% de los crímenes quedan impunes en México.

La necesidad de renovar el sistema es unánime. La propia PGR, que desde el año pasado dirige Raúl Cervantes, presentó a principios de año un informe al Senado en el que recalcaba la necesidad de que el nuevo modelo tenga total autonomía y evidenciaba las deficiencias actuales, entre ellas, el nulo esfuerzo destinado a la capacitación de los funcionarios y los salarios poco competitivos, que lejos de incentivar su trabajo, los condiciona a realizar labores ateniendo a los intereses ajenos. “Hoy toda la estructura depende del poder Ejecutivo, es necesario que su carrera dependa del nivel de sus investigaciones, no de la subordinación a un superior”, opina Pardinas.

En paralelo a decenas de organizaciones civiles, desde febrero hasta finales de agosto, la PGR, junto a otras instituciones -entre las que se encuentra el centro de estudios jurídicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)-, han desarrollado una suerte de hoja de ruta del futuro sistema que presentarán ante diputados y senadores el próximo octubre a modo de insumo. En el informe presentado en febrero, la PGR aseguraba que es necesario que los peritos de las distintas procuradurías trabajen de forma independiente del Ministerio Público y de la policía. Además, consideraba determinante empoderar ante la sociedad el nuevo sistema penal acusatorio e insiste en dejar de lado la idea de que “prisión es sinónimo de justicia”.

El debate sobre si es más importante el cuerpo o hay que darle prioridad a quién es la cabeza de la nueva institución, no obstante, ha marcado la actualidad las últimas semanas. La reforma de 2014 establece el pase automático del procurador al cargo de fiscal, por lo que le correspondería a Raúl Cervantes ocupar el nuevo cargo. Su proximidad a Peña Nieto y su vinculación con el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), del que fue diputado durante seis años, ha puesto en pie de guerra ha diversos sectores políticos y civiles, que buscan impedir que nazca viciada una figura crucial. Temen que Cervantes no sea imparcial a la hora de juzgar casos de corrupción vinculados a la actual Administración en el futuro. En los últimos días, ante la presión, el PRI ha cedido para eliminar ese pase automático, frente a las críticas internas de quienes consideran que todos los partidos votaron hace tres años a favor de la norma, a sabiendas de que existía ese pase automático. “A este paso vamos a tener una fiscalía sin fiscal, un nuevo hallazgo”, comentaba estos días, no sin sorna, un alto dirigente del PRI.

La presión de la sociedad civil ha jugado un papel determinante. Dos asociaciones que aglutinan a unas 300 organizaciones, entre ellas la patronal empresarial Coparmex, se han movilizado como hacía tiempo no se veía en México. Esta semana presentarán a las formaciones políticas su hoja de ruta para el nuevo organismo. “Es técnicamente sofisticada, podría estar lista mañana”, defiende Dresser. Si la norma que regule la fiscalía no está lista para diciembre, antes de que termine el último periodo de sesiones de este Gobierno, es muy probable que se prolongue hasta la formación de un nuevo Ejecutivo, lo que agudizaría la crisis institucional.

Muchos analistas dan por sentado que el PRI buscará la manera de sacar adelante la nueva ley antes del cambio de gobierno y tratar de colocar a alguien de su confianza al frente de la futura fiscalía. Mientras, el temor a que el frente opositor -creado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano- aproveche la coyuntura para hacer de la futura fiscalía una de sus banderas electorales y postergue su legislación, es latente. "La clase política no tiene incentivos más que para hacer un maquillaje del actual sistema, si se muestran partidarios de más es por un cálculo político, porque sus intereses se alían con una buena causa", considera Dresser, quien advierte: “Si lo hacemos mal y tarde nos va a llevar 20 años solucionarlo. No podemos regarla [estropearlo]”, asegura. “Si esto no se resuelve institucionalmente, se va a votar electoralmente”, asume Pardinas, quien urge a lograr una salida antes de que acabe el año e insiste, como tantos otros, en la trascendencia que tiene lo que se está debatiendo para el futuro de México: “Esto no es un tema de Gobierno, es un tema de Estado”.