El director de la Casa del Migrante de Saltillo, descalificó los actos que se suscitaron en el sur de México donde el Instituto Nacional de Migración realizó una deportación masiva de 300 migrantes centroamericanos con uso de violencia. 

Alberto Xicoténcatl, manifestó que aún con el discurso que ofrecieron en su rueda de prensa el titular del INAMI y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero sobre el apego a los derechos humanos en el nuevo gobierno federal, las prácticas siguen igual que en anteriores 
Gobiernos. 

“Pese a las declaraciones de Olga Sánchez Cordero, Tonatiuh Guillén y Marcelo Ebrard, el tratamiento que se sigue dando México a las personas migrantes y refugiadas, viola sus derechos humanos. Hay necesidad de protección, no de persecución”, manifestó la Casa del Migrante de Saltillo. 

A través de un comunicado, más de 36 organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos y de los migrantes o refugiados, expresaron que la política actual que está llevando a cabo México en el tema migratorio, apuesta al desgaste de las personas migrantes y a su desesperación para permanecer en el territorio mexicano a la espera de un trámite regulatorio. 

En ese sentido, detallaron siete hechos y actos suscitados en los últimos días de las autoridades contra la población migrante, como las estancias donde permanecen los migrantes sin atención médica a espera de un trámite, la escasez en el agua potable para el servicio a los mismos, actos de xenofobia desde las instituciones como en el caso de Huixtla.

También se mencionó el evento donde se detuvo a más de 300 personas, el cierre parcial de las oficinas del INAMI en Tapachula retrasando todos los procesos, así como el rebase de la Comisión de Ayuda a Refugiados para brindar la atención requerida; situación que expone la seguridad de los propios migrantes. 

En ese sentido, las organizaciones demandaron información clara y oportuna para los migrantes que estén interesados en regularizar su situación en México, la garantía de un trato humano hacia dicha población, la reanudación de las actividades regulares del INM, que se fortalezca el trabajo y equipo de la Comar, atención especial a personas en situación de vulnerabilidad como lo son los niños, así como detener los discursos y prácticas que generan criminalización hacia las poblaciones migrantes. 

“Creemos que la política migratoria actual apuesta al desgaste de las personas migrantes y a su desesperación. Es fundamental que México cumpla con los más altos estándares en materia de derechos humanos y se desarrolle una perspectiva de seguridad humana más allá de los discursos”, puntualizan.