Se inició el año con una de las agendas más mediáticas que ha tenido que sortear el nuevo gobierno mexicano: su posición ante la Declaración del Grupo de Lima. Bloque que se formó el 8 de agosto de 2017 en la capital de Perú con la finalidad de encontrar salida a la crisis venezolana; centra su crítica en la ruptura del orden democrático. Esta organización agrupa catorce países y su última reunión del pasado viernes 04 de enero de 2019; trece de sus miembros votaron en bloque en contra del régimen de Nicolás Maduro y sólo México, se abstuvo de firmar la declaración.

La decisión pone al gobierno mexicano en el centro de las críticas internacionales y regionales. Ahora bien, el dilema sólo permitía dos opciones, firmar o no firmar la declaración. El gobierno mexicano decidió por la segunda, por lo tanto, quienes preferían la postura contraria han cuestionado categóricamente la decisión.

La declaración inicia exponiendo que “los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, frente al inicio el 10 de enero de 2019 del ilegítimo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro (2019-2025)” Por lo tanto, desconocen y emplazan a la no toma de posesión del actual presidente venezolano.

Ahora bien, ¿cuál es la situación de Venezuela en números? Un país de poco más de 30 millones de habitantes (Según el INE. Disponible en: http://www.ine.gov.ve/), se estiman más de 3.5 millones han emigrado, lo que implica que 12% de la población ha salido y ha ocasionado una crisis migratoria y de refugiados para los países vecinos, latinoamericanos y receptores. Con respecto a la inflación, las últimas estimaciones del Banco Mundial la asumen en el orden de 10.000.000 %, lo que implica desabasto en productos básicos, medicinas y un incremento alarmante de la pobreza.

Ahora bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que México se rige bajo los principios de “no intervención y autodeterminación de los pueblos” y “no queremos tener pleitos con gobiernos extranjeros”. Lo que nos lleva a los principios de la Doctrina Estrada (27/09/1930): el derecho que tienen los pueblos para “aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades” Además en el artículo 89°, fracción X, Constitucional, se expresa que: “el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención…”.

El dilema nos lleva a cuestionar los principios de la Soberanía Nacional en un mundo globalizado; en el cual existe una perenne tensión entre el Derecho Nacional e Internacional y los Derechos Humanos. Mundo en el cual los países antes señalados son parte y han firmado innumerables tratados internacionales. Es tarea obligada revisar la vigencia de la Doctrina a la luz de los conflictos internacionales actuales.
 

Juan Carlos Centeno Maldonado*

*Profesor- Investigador de la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC