Al privatizarse la planta Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), ubicada en el complejo de Pajaritos, en Veracruz, la empresa que la adquirió, Mexichem, despidió a 61 por ciento de los trabajadores que tenía y se quedó con 39 por ciento.

La planta tenía mil 600 trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), así como 300 técnicos y profesionistas. Al asumir PMV la dirección de la planta Clorados 3, lo primero que hizo para obtener mayores ganancias fue jubilar y liquidar al personal altamente calificado y reducir la plantilla laboral a 733 personas.

La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP) reveló lo anterior en un análisis elaborado acerca del convenio firmado entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Mexichem. Sostuvo que la planta que explotó el 20 de abril pasado, accidente que costó la vida de un número indeterminado de trabajadores, es la principal instalación petroquímica de Pajaritos y fue entregada al consorcio del empresario Antonio del Valle en condiciones absolutamente desfavorables para Pemex.

La UNTPP indicó que Mexichem determinó sustituir a los trabajadores con experiencia, que eran el principal capital humano del complejo petroquímico, por personal terciario de otras compañías. Sin embargo, no le dio capacitación adecuada y le pagaban menos de la mitad de lo que ganaban los sindicalizados, además de que carecía de prestaciones y ni equipo.

La unión, que dirige Moisés Flores Salmerón, señaló que Mexichem debe cubrir los gastos de indemnización de los fallecidos y de hospitalización de los heridos, pues Pemex está asumiendo el costo político y la búsqueda de trabajadores muertos, y sería el colmo que Pemex pague la reconstrucción para que de nueva cuenta Mexichem sea la que la usufructúe.

Sostuvo que la Secretaría del Trabajo debe informar cuántas inspecciones de seguridad realizó en la planta, a partir de la privatización; responder si había cursos en esa materia para trabajadores de nuevo ingreso o si recibieron capacitación para el manejo de sustancias peligrosas, y si los sistemas contra incendios funcionaban correctamente. En caso contrario, la dependencia debe sancionar al corporativo por no cumplir con la normativa, lo que provocó la muerte de decenas de trabajadores.

La secretaria de estudios y análisis petroleros la UNTPP, Silvia Ramos Luna, quien elaboró el informe, indicó que la explosión en la planta Clorados 3 evidenció que la reforma energética hizo que los derechos laborales de los petroleros retrocedieran a los de principios del siglo pasado, cuando las empresas privadas no respetaban los derechos obreros, los sometían a horarios extenuantes y no gozaban de las prestaciones de ley.

Cien años de esfuerzo en materia de producción y cultura de seguridad petrolera y avance de los derechos laborales se han borrado con la intervención de la iniciativa privada en áreas antes reservadas al Estado, y de nueva cuenta se regresa a condiciones por las que el presidente Lázaro Cárdenas del Río llevó a cabo la expropiación petrolera; se dio un giro para atrás, afirmó la especialista.