Una de las preguntas teóricas más provocadoras en torno a la actividad política es si quienes participan de ella tienen el derecho a difundir mentiras como parte de su discurso. El cuestionamiento puede formularse también al revés, es decir, preguntando si la propagación de información falsa debería ser objeto de castigo.

La respuesta a la interrogante no es sencilla y en su formulación debe tenerse en cuenta, como eje fundamental, la intención con la cual actúa quien pone en circulación una noticia falsa. ¿Lo hizo con el propósito deliberado de engañar o simplemente expresó o reprodujo una información en cuya autenticidad creía o respecto de la cual no tenía elementos para considerarla ficticia?

No voy a teorizar sobre los detalles y matices inherentes al hecho de actuar a partir de una u otra circunstancia. Señalo solamente los extremos posibles de la conducta para enfatizar el detalle relevante de un episodio registrado en la semana: la difusión de un informe del Instituto Nacional Electoral relativo al traslado de los paquetes electorales de los comicios del 4 de junio.

Como se recordará, el martes pasado comenzó a circular una versión según la cual el INE habría “reconocido” la existencia de “irregularidades” en el traslado de 2 mil 524 paquetes electorales, es decir, poco más del 23 por ciento de todos los paquetes de la jornada comicial.

¿De dónde salió tal versión? Las primeras notas periodísticas –difundidas por los diarios La Jornada y Reforma– señalaron como fuente el “Informe Sobre los Mecanismos de Recolección de la Documentación de las Casillas Electorales al Término de la Jornada Electoral en Coahuila, Nayarit, México y Veracruz”, elaborado por el INE.
El diario Reforma, adicionalmente, citó las declaraciones de Álvaro Malváez, representante del Partido Acción Nacional ante el INE, quien habría señalado la presunta existencia de pruebas –en poder de su partido– relativas a la entrega de paquetes electorales por “entes no autorizados y mandos policiacos”.

Ambos periódicos “cabecearon” sus piezas informativas de manera similar: “Irregularidades en el traslado de 23 por ciento de los paquetes electorales en Coahuila: INE”, tituló La Jornada; mientras Reforma tituló: “Confirma INE irregularidades en Coahuila”.

El elemento común en ambos casos es el uso de la palabra “irregularidades”, aunque las connotaciones son claramente distintas. Mientras La Jornada usa el término en el contexto de exposición de un hecho, Reforma lo emplea como confirmación de una hipótesis. En otras palabras: el primer rotativo adelanta la existencia de un informe en el cual se expondría la ocurrencia de irregularidades, mientras el segundo señala al informe como la confirmación de algo previamente sabido.

Más allá de las razones editoriales para el uso del referido término, su aparición en las cabezas de ambos diarios fue inmediatamente asumida como verdad indiscutible por el coro de quienes se suscriben a la mitología del fraude electoral, acto para el cual no requieren pruebas ni argumentos.

Quienes litigan en Facebook y Twitter de inmediato salieron a plantar su bandera: el informe del INE constituía la prueba última de sus convicciones y la pieza faltante del rompecabezas cuidadosamente armado desde la noche del 4 de junio. A partir de ello, la elección de Gobernador será anulada de forma irremediable, pues habiéndose “demostrado” la existencia de “irregularidades” en el traslado de más del 20 por ciento de los paquetes, se actualizaba de inmediato una de las causales específica de nulidad.

Personalmente considero “inocente” el actuar de la inmensa mayoría de quienes decidieron hacerse eco de la especie, pues no se trata de especialistas en la materia y, por regla general, no leen ni investigan antes de suscribirse a cualquier teoría cercana a sus emociones. Imposible exigirles la lectura del informe del INE –aun cuando sólo tiene 40 páginas– como requisito previo a la formulación de una opinión.

Pero no todos son “inocentes”. En el coro vociferante alinean dirigentes partidistas, políticos de carrera, académicos, opinadores profesionales y agudos “periodistas de investigación” a quienes puede –y acaso debe– exigírseles rigor y apego a la verdad.

¿Cuál rigor y apego a cuál verdad? La respuesta es sencilla: en primer término puede y debe exigírseles leer el documento del INE antes de repetir una idea cuyas implicaciones no son triviales. En segundo lugar deberían decirnos en cuál de las páginas del mismo se “reconoce” la existencia de “irregularidades” en el traslado de los paquetes electorales.

¿Cuál es la verdad? Ninguna de las 10 mil 106 palabras del documento –pies de página incluidos– es “irregular” o “irregularidad”. Tampoco aparece el término “ilegalidad” o “inconsistencia”. Imposible concluir, a partir de su lectura, el “reconocimiento”, por parte del INE, de “irregularidades” en el traslado de los paquetes electorales.

La pregunta obligada es: ¿han mentido a sabiendas o sólo reprodujeron –y aderezaron– la información publicada exactamente en la misma forma en la cual lo hace el resto de la masa cuya conducta es dictada por las hormonas y no por las neuronas? Volveremos al tema.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3
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