Uno de los vicios recurrentes del servicio público el México es el de establecer una relación de causalidad directa entre sus acciones y la modificación de un determinado indicador de la vida pública, sin aportar mayor evidencia que simplemente enunciar el fenómeno.

Así, cuando la incidencia de un determinado fenómeno se incrementa o disminuye, los agentes gubernamentales no dudan en señalar el hecho como una “prueba” de que sus políticas han sido exitosas, incluso si tales “políticas” no son expuestas ni explicadas.

Menos aún importa que a los pocos días -o semanas, o meses- aparezcan nuevos datos que “demuestren” exactamente lo contrario, pues de lo que se trata es de aprovechar el momento para “apuntalar” la imagen del sector público frente a la ciudadanía.

No se trata de afirmar, por supuesto, que el Gobierno está equivocado en cada ocasión en la cual se adjudica un “éxito” al señalar que tal o cual acción diseñada desde un escritorio público tuvo como resultado la modificación del indicador de que se trate.

Se trata sí, de llamar la atención respecto de la necesidad de ser más objetivos cuando de analizar la realidad se trata, pues a todos nos conviene -incluido el sector público- que la medición de la realidad se base más en la razón y menos en la emoción.

El comentario viene al caso a propósito del reporte periodístico que publicamos en esta edición, relativo a la disminución -de 10 puntos porcentuales- que registró en Coahuila la incidencia de los delitos del fuero común durante el año 2015, en comparación con el 2014.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en nuestra entidad se registraron, durante 2015, casi 5 mil delitos menos que en los 12 meses del año precedente, destacando en el índice de las disminuciones la extorsión -con un descenso del 60 por ciento- y el robo con violencia, con 44 por ciento.

Una primera aproximación a las cifras invita a decir que tal hecho se debe a la implementación de exitosas políticas de seguridad pública que han redundado en la inhibición de los delitos en la entidad.

Y tal hipótesis no puede descartarse, por supuesto, pero también debe considerarse que no se trata de la única explicación posible al referido movimiento de indicadores pues, por sólo exponer una alternativa, también es posible que sólo se hayan denunciado menos delitos que en el año previo.

¿Por qué es importante saber con precisión cuál es la causa detrás del movimiento del indicador? Sobre todo porque sólo así es posible perseverar en las acciones exitosas y eliminar las que no lo son.

Quedarnos de forma acrítica con la idea de que la disminución delictiva dignifica, en automático, la existencia de mejores políticas públicas implica correr el riesgo de desperdiciar experiencias exitosas y, sobre todo, de poner en riesgo lo que de bueno se haya hecho desde el sector público.