Megadeuda, mini-justicia: ¿en qué vamos?

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Megadeuda, mini-justicia: ¿en qué vamos?

Se dio a conocer lo relativo a una operación financiera, celebrada con una filial de Ficrea, con gran parte del inventario vehicular en la administración anterior

A pregunta expresa, el Gobernador respondía a los medios: “Los papeles de la deuda están transparentados y usted los puede consultar también, y las denuncias, en los términos que la ley determine, también los puede consultar y les agradezco a todos” (VANGUARDIA, 29 de enero, 2016).

El discurso de esta administración ha sido, desde el primer día, en el sentido de que todo está bien, que son ejemplo en transparencia, que ya se le dio vuelta a la página y a otra cosa.  La realidad, sin embargo, no deja de sorprender con nuevos datos, nuevos nombres. La historia sigue escribiéndose. 

A principios de semana se dio a conocer lo relativo a una operación financiera, celebrada con una filial de Ficrea, con gran parte del inventario vehicular en la anterior administración. Una operación que habría movido unos 675 millones de pesos y, al estilo Coahuila versión sexenio pasado, con firmas aparentemente apócrifas (VANGUARDIA, 17 de marzo,  2016).

El caso, por llamarle de alguna manera, fue indagado y publicitado por un aspirante independiente a la gubernatura coahuilense. 

¿La reacción desde el Gobierno estatal? Repartir los señalamientos. Específicamente, el Secretario de Finanzas de Coahuila ha dado el nombre de un exfuncionario federal (de la Secretaría de Hacienda) y que actualmente despacha en Nuevo León. Allá, señala, se daría el aval de esta operación (VANGUARDIA, 19 de marzo, 2016). Ya si la operación contó o no con autorización del Congreso, la situación de las firmas, la existencia o no del parque vehicular… Eso habría que revisarlo a detalle, porque para la entrevista parece no haber tenido esos datos a la mano. 

¿Algunas reflexiones?

La actual administración no ha podido cerrar, ni desmarcarse de su predecesora. 

No hay, como se ha dicho, “un antes y un después”. Quienes despachaban en puestos clave hace años lo siguen haciendo. Tanto así que parecería existieron dos requisitos para ser contratados por el actual sexenio: haber trabajado en el anterior y no haber terminado en alguna prisión texana o lista de la DEA.

Ficrea es otro dato que llama la atención. Tenía buenos clientes por aquél entonces, y los tenía también en estos tiempos. Si no fuera porque autoridades federales desactivaron la institución bancaria, no podríamos relacionarla con el Tribunal de Justicia… Donde, por cierto, siguen el mismo patrón de conducta: que todo está bien, que ya se le dio vuelta a la página y a otra cosa.

Lo que haya sucedido en la anterior administración es ya también responsabilidad de la actual. Cuando se recibe un Gobierno toda esta información, se sabe. 

No se requeriría de un tercero para indagar y armar una cruzada en juzgados nacionales para obtener copias certificadas. 
Al cierre de la semana, otra bomba: la prensa española (de nuevo) anunciaba la detención de un mexicano inculpándole los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal (de nuevo). No cualquier mexicano, insinúa la nota, sino uno que pudiera relacionarse con quien fuera presidente del PRI y Gobernador de Coahuila y hace algunas semanas vivía lo mismo. 

¿La reacción? Pues ya se dijo que no hay relación alguna, que la prensa española por alguna razón insiste en manchar la honorabilidad; que vendrán las demandas. Algo así, al estilo. 

Lejos se está de cerrarse el asunto, si es que alguna vez se puede. La actitud gubernamental propició la duda y, a estas alturas,  no hay ley de transparencia que ayude a disiparla.  

@victorspena

www.victorspena.net