Luego de que se diera a conocer que recursos desviados en 2014 por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) no fueron transferidos solo a empresas fantasma sino también retirados en efectivo, diputados y senadores alzaron la voz para exigir al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que el caso no quede impune y se investigue el involucramiento de Rosario Robles, por su actuación al ser titular de ambas secretarías.

El senador Ricardo Monreal consideró el tema como un “escándalo”, que no es más que un reflejo de la profunda corrupción que impera en el país. “No puede quedar impune”, agregó.

Robles, en su cuenta de Twitter, acusó que se le está difamando.

“Una vez más se involucra mi nombre en acusaciones sin pruebas. Refrendo mi compromiso con la transparencia, insisto, que se revisen y continúen las investigaciones pertinentes para que se deslinde o se castigue cualquier responsabilidad”, expresó la funcionaria federal.

Monreal opinó que el Senado y el Poder Legislativo deben constituir Comisiones de investigación para abordar el caso, tomando en cuenta que todas las evidencias del desvío están documentadas a través de la Auditoría Superior.

“No puede quedar como una anécdota más, sería muy lamentable, que los miles de millones de pesos que fueron desviados, entregados en domicilios particulares, en efectivo; simplemente decir ‘ya se van’. Ahora es cuando la rendición de cuentas tiene que ser contundente para exigir responsabilidades”, sentenció.

Sobre el hecho de que hasta ahora Rosario Robles no enfrente ningún proceso como consecuencia del desvío, el diputado comentó que es “demasiado el manto protector, es impresionante, es insólito (…) Creo que es el momento de fijar una posición, porque estamos ante el arribo de un nuevo gobierno y no creo que Andrés Manuel López Obrador se las perdone. No creo”, finalizó.

Este martes, el diario Reforma dio a conocer, con base en la información presentada por la ASF, las manera en la que fue distribuido el dinero triangulado por la Sedatu y la Sedesol.

En la investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), La Estafa Maestra, se detalla cómo en 2013 la Sedesol, encabezada entonces por Rosario Robles, tenía un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos, camisetas, gorras y para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre.

De esta cantidad, poco más de dos mil millones de pesos, fueron entregados al menos a 20 empresas fantasma.

Fueron mil 900 millones de pesos del erario público asignados para Sedatu y Sedesol, de esta cantidad más de 700 millones fueron finalmente transferidos en efectivo a diez domicilios.

Reforma reporta que estos 700 mdp no solo terminaron en las 76 empresas fantasma mencionadas en la Estafa Maestra, sino que fueron repartidos en al menos 10 domicilios de 5 ciudades.

El dinero habría sido retirado en efectivo y trasladado en camionetas de valores a las diferentes direcciones.

En total serían más de 700 millones  de pesos transferidos de esta forma.

En Ciudad de México son al menos siete los domicilios que recibieron el efectivo:

493.7 millones de pesos, fueron llevados a Sócrates 128, tercer piso, en Polanco; 86 millones de pesos, a Emerson 150, despacho 103; 27.6 millones de pesos a otros dos domicilios que no existen en Polanco; un par de montos no especificados en la Colonia Nochebuena, Delegación Benito Juárez, y otro tanto a domicilios ubicados en Playa del Carmen y Cancún, en Q Roo, y Villahermosa, Tabasco, cuyas direcciones coinciden con comercios.

Ricardo Monreal, quien también es coordinador parlamentario de Morena en el Senado, confió en que no “habrá borrón y cuenta nueva para Rosario Robles”, y acotó que en los próximos días “vamos a citar a comparecer, por lo de la Glosa del Informe Presidencial, al Secretario de Relaciones Exteriores, al Secretario de Economía, al Secretario de Hacienda, al Secretario de Gobernación y a la Secretaria de Desarrollo Social”, en donde se podría abordar este tema toda vez que tiene una “veracidad comprobada”.

Gustavo Madero, senador del PAN, fue otra de las voces que se sumó al reclamo exigiendo que se sancionen a los responsables del desvío millonario.

En tanto que en la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, y la diputada panista Laura Rojas, condenaron el hecho.

Mario Delgado mencionó que la Junta de Coordinación Política estudiará el caso para proponer en el Pleno una forma de sanción por el saqueo de los 700  millones de pesos, mientras que la panista aseveró que, a través de su partido, se enviará una carta a la ASF para solicitar  que se presenten las denuncias correspondientes contra los funcionarios responsables de las dependencias involucradas.