El director general de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), Roberto Olivares, alertó que entre 90 y 95 por ciento de los organismos municipales de agua en el país trabajan con números rojos debido a la falta de pago por los servicios y prestaciones que ofrecen a 85 millones de habitantes.

En entrevista, señaló que trabajar en esa situación implica no poder sustituir la infraestructura hidráulica en las zonas municipales donde se hay fugas de hasta 40 por ciento; la falta de recursos complica la renovación de bombas y equipos y se requiere de presupuesto para la renovación del equipo.

Añadió que ANEAS aglutina a casi dos mil operadores municipales de agua que ofrecen servicios a 85 millones de habitantes y a diario enfrentan problemas relacionados con el aspecto financiero, potabilización y el régimen jurídico del agua, así como falta de capacidades y de acceso a la tecnología.

A más de 30 años de la municipalización de los servicios de agua potable y alcantarillado, la mayoría opera con números rojos por la falta de capacidad, y los periodos cortos de vigencia de los presidentes municipales ocasionan una falta de valorización en relación a los servicios que prestan, sostuvo.

En el caso del agua, Roberto Olivares comentó que el derecho humano al líquido debe procurarse, pero los servicios tienen un costo, porque se debe pagar el bombeo, la energía, nómina, administración y tratamiento, entre otros rubros.

Destacó que se necesita renovar 50 por ciento de la estructura de las redes hidráulicas municipales porque ya perdieron su vigencia de norma y “en ocasiones cuando vemos el drenaje solamente está un hoyo y ya no existe el tubo o la parte que existió en cierto momento, ese es el resultado de la falta de atención.

En su opinión, se requiere incrementar aproximadamente 65 millones o 75 millones de pesos, a fin de que gradualmente se renueve la infraestructura, atender el déficit y avanzar en la planeación del crecimiento demográfico para evitar rezagos.

Para atender esa situación, consideró preciso un ajuste en la norma, a fin de que los servicios del agua sean municipales en los casos que se puedan, o intermunicipal o estatal o el modelo conveniente, incluso considerar la participación privada.

También se requiere que los tres niveles de gobierno inviertan y los municipios hagan lo propio, y que esas disposiciones se plasmen en la Ley General de Aguas que determine la garantía del derecho humano a ese líquido.

Son necesarias, abundó, políticas a largo plazo y que la multianualidad sea un factor de oportunidad, toda vez que los presupuestos se ejercen cada año y las obras tardan en ocasiones dos o tres años en concluirse.

Otro de los problemas es la cobertura del servicio, ya que es muy poca la población que cuenta con agua las 24 horas del día los siete días de la semana, puntualizó.