A raíz del tiroteo más letal de la historia reciente de Estados Unidos -que deja al menos 59 muertos y 527 heridos-, Donald Trump deberá enfrentar nuevos cuestionamientos sobre la venta de armas de fuego en ese país.

En siete minutos, Stephen Paddock cometió en Las Vegas, la peor  masacre en la historia de ese país; el autor de los disparos, que se suicidó, tenía en su poder más de diez fusiles en la habitación del hotel desde donde abrió fuego.

En una breve alocución desde la Casa Blanca, el presidente Trump denunció un acto que representa “el mal absoluto” y llamó a Estados  Unidos a mantenerse unido y a orar. Pero no dijo ni una palabra sobre las armas de fuego.  

Poco después, su portavoz, Sarah Huckabee Sanders, opinó que era “prematuro” emprender ese debate.

A pesar de que la investigación recién comenzó, los adversarios demócratas del presidente control de armas estadounidense ya exigen, cualesquiera hayan sido las motivaciones del homicida, una modificación de la legislación sobre armas, tema que suscita virulentas pasiones en EU.

Apoyado en la campaña electoral por la mayor organización  estadounidense defensora del derecho a poseer armas de fuego, la National Rifle Association (NRA), Donald Trump siempre fue un feroz defensor de la Segunda Enmienda de la Constitución, objeto de ásperas discusiones sobre su interpretación, que estipula que no se puede atentar contra “el derecho del pueblo a tener y portar armas”.

Algunas horas después del drama, su exrival demócrata, Hillary Clinton, pidió un debate de fondo sobre las armas. 

Masacre tras masacre, los demócratas no dejaron de intentar hacer  más estricta la legislación sobre la venta de armas, pero los republicanos lograron hasta ahora actuar en bloque y oponerse a cualquier limitación.

Las encuestas de opinión indican que la mayoría de los estadounidenses son favorables a un endurecimiento de la legislación.