Hubo una época en la que la violencia de la guerra de México contra el narcotráfico, entre 2006 y 2012, conmocionó a los estadounidenses, pero apenas les afectó. En esta ocasión, como en todo lo demás en el renovado conflicto del país con los cárteles, es peor.

El asesinato de tres mujeres estadounidenses y seis de sus hijos, algunos de ellos bebés, el lunes en el estado de Sonora dejó en evidencia la vieja creencia de que los cárteles del narcotráfico evitarían matar a extranjeros, mujeres o niños. Pero no fue ni la primera ni la única vez.

Los niños pasan a ser víctimas con una frecuencia escalofriante mientras las reglas no escritas de la guerra contra el narco parecen desvanecerse. En agosto, pistoleros entraron a una casa de Ciudad Juárez, territorio del cártel de Juárez, y dispararon 123 balas que acabaron con la vida de niñas de 14, 13 y 4 años además de con la de un adulto que parecía ser el verdadero blanco del ataque.

Unos días antes de la masacre de Sonora, la policía detuvo a un sospechoso en la capital del estado, Hermosillo, que retenía a un empresario de Nueva York para pedir un rescate en un caso con una víctima extranjera. El hombre fue secuestrado en Tucson, Arizona, y al parecer cruzó la frontera en el maletero de un coche.

El impactante asesinato de los nueve estadounidenses a manos de pistoleros hicieron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreciió ayuda a México para borrar los cárteles “de la faz de la Tierra”. Su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rechazó la oferta, pero otros, tanto dentro como fuera del país, se preguntan si no habrá llegado el momento de que cambie su política de “abrazos, no balazos”, que evita la confrontación y trata de resolver los problemas sociales subyacentes en su lugar.

Incumplir las viejas convenciones de no matar a niños y familias o atacar a extranjeros no parece ser una prioridad, ni siquiera una preocupación, para los criminales dada la débil aplicación de la ley en México.

“Desde la perspectiva de los delincuentes, es lo mismo matar a uno que matar a nueve”, dijo el analista de seguridad Alejandro Hope. “No perciben que hay un riesgo adicional de cometer este tipo de actos de brutalidad extrema”.

“Mismo caso con los niños, no perciben que hay una raya en la arena. Y no lo han percibido porque el Gobierno no lo ha pintado”, agregó.

Los estadounidenses muertos vivían en comunidades mexicanas fundadas hace décadas por una escisión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los reportes de las madres intentando proteger a sus hijos de la lluvia de balas y de niños heridos caminando durante horas tras la balacera para buscar ayuda para los sobrevivientes más pequeños intensificaron los llamados desde el extranjero para una nueva guerra contra el narco.

La ofensiva militarizada de México contra los cárteles comenzó en 2006 con el expresidente Felipe Calderón, y continuó con su sucesor, Enrique Peña Nieto.

López Obrador, de centroizquierda, rechazó este enfoque. En su lugar creó la Guardia Nacional y dijo que la forma de combatir la delincuencia en el país era con programas de trabajo y oportunidades para los jóvenes.

Y se aferró a su posición tras la masacre del lunes, rechazando los pedidos de Trump, entre otros, para enfrentarse a la organizaciones delictivas.

"Declaramos la guerra y no funcionó”, dijo López Obrador el martes refiriéndose a la política de sus predecesores. “Esa no es una opción”.

Ni siquiera dio marcha atrás cuando el cártel de Sinaloa humilló al ejército el 17 de octubre, cuando los soldados se vieron obligados a dejar libre al hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán para evitar un mayor derramamiento de sangre luego de que pistoleros de la banda lanzaron un contraataque en la ciudad de Culiacán.

Según los analistas, los cárteles recibieron entonces el mensaje de que pueden enfrentarse a las autoridades. Tras el incidente de Culiacán, un oficial en la ciudad fronteriza de Nogales, en Sonora, reportó que la policía detuvo un auto lleno de sospechosos armados que dijeron a los agentes que retrocediesen o harían “lo que hicieron en Culiacán”.

El exfiscal antidroga Samuel González señaló que "tarde o temprano va a haber un ajuste en la estrategia de seguridad del gobierno”.

"No es que el gobierno haya declarado la guerra al crimen organizado, sino que los narcotraficantes han declarado la guerra al Estado”, añadió González. “Y ante esta situación, el gobierno tiene que responder con proporcionalidad en el uso de la fuerza y en legítima defensa”.

Aunque el presidente se mantiene firme, respaldado por un alto índice de aprobación en las encuestas, los ataques violentos siguen sucediéndose.

En abril, hombres armados irrumpieron en una fiesta en la ciudad costera de Minatitlán, en el estado de Veracruz, y mataron a 14 personas, incluyendo dos filipinos. En agosto, pistoleros del cártel de Jalisco entraron a un club nocturno de la ciudad cercana de Coatzacoalcos, bloquearon las salidas del local y provocaron un incendio que mató a 28 personas que quedaron atrapadas en el interior, entre ellas 10 mujeres. Antes ese mes, la misma banda colgó 19 cadáveres en un puente o esparció sus cuerpos cerca en Uruapan, una ciudad del oeste del país.

Esto debería ser una oportunidad para que el gobierno "reflexione lo que hace y lo que no hace”, apuntó Hope. "No lo detonó Minatitlán, no lo detonó Coatzacoalcos, no lo detonó Uruapan , no lo detonó nada”.