La denominada “masacre de Allende” es uno de los episodios más oscuros de la historia de violencia que Coahuila vivió durante el período de mayor confrontación entre el Estado y los cárteles de la delincuencia organizada. Y es hoy, una década después, una herida abierta en el costado de la comunidad.

Los actos concretos que conforman este episodio y que fueron perpetrados en contra de individuos y familias, todo hace indicar, corrieron a cargo de personas ligadas a los cárteles de la delincuencia organizada. Pero existe la sospecha de que ellos fueron capaces de realizarlos porque contaban con la aquiescencia de las autoridades gubernamentales.

Y este último detalle constituye el problema de fondo. Porque el hecho de que alguien decida hacer de la delincuencia un estilo de vida eventualmente escapa a las posibilidades de contención del Estado. Pero que esa persona pueda perpetrar las acciones que planea por la inacción de las instituciones públicas es una historia muy diferente.

Por ello, el episodio de Allende, en el cual fueron asesinadas, de acuerdo con diversos cálculos, decenas e incluso cientos de seres humanos, representa un estigma que no puede terminar siendo relatado como si de un hecho anecdótico se tratara, sino que merece una investigación seria orientada a esclarecer lo ocurrido.

Saber lo que pasó no solamente debe tener el propósito de hacer justicia, sino también de evitar que algo similar vuelva a ocurrir. Porque en el caso de las personas que perdieron la vida estamos hablando de hechos irremediables, pero si, como se sospecha, agentes de las instituciones públicas tuvieron una participación en los hechos, estamos hablando de un riesgo conjurable.

Es necesario, desde luego, compensar a las familias que fueron víctimas del hecho e intentar reparar, en la medida de lo posible, el daño causado. Pero lo más importante es impedir que un episodio como este se registre nuevamente.

Esa es la responsabilidad principal del cualquier estado democrático y a cumplirla debieran estar orientados todos los esfuerzos de las instituciones públicas. Por desgracia, en nuestro caso parece claro que las instituciones han decidido fallarle a la ciudadanía.

Una década es tiempo suficiente para que el estado actúe y despliegue los esfuerzos necesarios para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y perseguir los delitos que detecte en su actuación. En nuestro país pareciera que dicho período no basta.

Valdría la pena en ese sentido, que las instituciones públicas -de todos los órdenes de gobierno- aprovecharan la oportunidad para renovar sus votos con el estado de derecho y refrendaran su compromiso son la justicia. Decenas de familias están esperando un gesto de esta naturaleza.

No son números solamente. Son historias truncas, biografías cercenadas, seres humanos con aspiraciones y sueños, quienes murieron en la “Masacre de Allende”. Un mínimo compromiso con la dignidad de su memoria sería esperable a estas alturas.