De acuerdo con un reportaje de la revista Proceso, publicado el pasado fin de semana, el actual secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, habría tenido noticia de la masacre registrada en el municipio de Allende en el año 2011, pero no actuó en defensa de los pobladores.

El reportaje cita documentos de la Sedena, fechados el 20 y 28 de marzo de 2011, en los cuales se daría cuenta de los “secuestros masivos” ocurridos en aquella población.

En esa época, el hoy secretario de la Defensa Nacional se encontraba a cargo de la guarnición militar de Piedras Negras y por esa razón habría recibido información sobre los hechos.

La Sedena, sin embargo, dijo a Proceso que la jurisdicción del hoy titular de la dependencia se limitaba al municipio de Piedras Negras, además de que cuando ocurrieron los hechos se habría trasladado al municipio de Acuña para apoyar en el combate de un incendio.

Más allá de lo que hoy se diga de forma oficial, los documentos que han sido puestos sobre la mesa abonan a la hipótesis que múltiples voces han barajado hasta ahora: las instituciones del Estado Mexicano tuvieron noticia de la masacre y no actuaron conforme sus responsabilidades.

No es la primera ocasión en la cual las fuerzas castrenses son señaladas por actuar de espaldas a su responsabilidad, en el mejor de los casos, o en plena connivencia con quienes desde la ilegalidad han perpetrado ataques en contra de la población civil del País, en el peor.

El trascendido que hoy discutimos públicamente cobra relevancia no solamente porque seguimos frente a un caso irresuelto de la vida pública de nuestra entidad, sino porque el presidente López Obrador ha puesto en manos de las fuerzas armadas la seguridad pública del País y manifestado su intención de dar nuevos pasos en este sentido.

En múltiples ocasiones se ha señalado la inconveniencia de una decisión de este tipo y esta es la ocasión de insistir al respecto: los elementos militares no han sido capacitados para hacerse cargo de la responsabilidad civil que implican las tareas policiales y por ello es que constituye una mala idea delegarles tal encargo.

Lo revelado en torno a la masacre de Allende es tan sólo el enésimo elemento que debiera llevarnos a tomar una decisión institucional clara en relación con la intervención de militares en materia de seguridad pública, no solamente porque los resultados son claramente indeseables, sino porque ello expone a una institución del Estado cuyas responsabilidades son otras.

Es de esperarse, por otra parte, que el Gobierno de la República no intente desviar la atención de esta denuncia planteándola, como es el estilo de esta Administración, en el marco de “ataques” contra su propósito de transformación de la vida pública.

Por el contrario, lo que cabría esperar es una investigación pulcra y profesional, que deslinde responsabilidades y ayude a esclarecer la verdad.