“El  asesinato de Javier Valdez es un grave ataque contra el periodismo y la libertad de expresión en México… la violencia pretende silenciar el valiente trabajo de periodistas que como Javier Valdez reportan e informan a la sociedad mexicana sobre asuntos de interés público a pesar de las amenazas y el riesgo constante”.

Las expresiones anteriores forman parte del comunicado conjunto emitido por el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, a propósito del asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas.

Desde Ginebra y Washington, los dos organismos públicos más relevantes del hemisferio, responsables de vigilar el estado del derecho a la libertad de expresión, buscan evidenciar con este comunicado la gravedad de la situación enfrentada en nuestro País por los comunicadores.

Porque la emisión de un comunicado conjunto tiene justamente esa intención: dejar en claro cómo los hechos a los cuales se refiere forman parte de un proceso de deterioro cuyas consecuencias resultan crecientemente inaceptables en términos del ideal de una sociedad democrática.

Una expresión, contenida en la parte final del comunicado, resulta reveladora respecto de la imagen reflejada por nuestro país en este rubro: “…se requiere una acción coordinada en todos los niveles de gobierno para hacer que los responsables de estos crímenes comparezcan ante la justicia y terminar con esta epidemia de violencia contra periodistas…”.

Sin duda, el uso de la palabra “epidemia” no es casual y esta lectura se refuerza cuando, en el penúltimo párrafo del comunicado se lee cómo “los Relatores Especiales reiteraron el pasado mes de abril su solicitud al Estado mexicano para  realizar una visita oficial conjunta al país, y están a la espera de una respuesta por parte de las autoridades mexicanas”.

No estamos ante un hecho más de un anecdotario necrológico sino, por desgracia, apenas ante el más reciente suceso de una realidad en constante degradación, cuyos elementos distintivos nos dibujan como una sociedad en la cual no es posible ejercer siquiera las libertades elementales.

Este homicidio, ocurrido el pasado 15 de mayo, pone en evidencia la incapacidad de las instituciones públicas nacionales para garantizar la protección de sus ciudadanos y, sobre todo, para asegurar el ejercicio pleno de los derechos consagrados en la Constitución.

Tal realidad obliga, de forma necesaria, a reaccionar de formas distintas. No basta solamente la condena unánime o la exigencia a las autoridades –así sea de la manera más enérgica– de investigar y esclarecer los hechos, llevando ante los tribunales a los responsables de los mismos.

La comunidad periodística del país, los propietarios de medios, las universidades, los centros de investigación, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil… todos deberíamos unir nuestras voces y nuestras voluntades para garantizar la transformación de esta realidad.

Las bandas criminales, se ha repetido con insistencia en los últimos años, pretenden imponerle a la sociedad sus reglas y las instituciones públicas les están permitiendo acercarse a dicho objetivo. Esa es una realidad absolutamente inaceptable a la cual debe ponérsele fin de inmediato.

La gran pregunta es, desde luego, ¿cómo?

La respuesta no es sencilla, pero sin duda el elemento contra el cual deben enfocarse las baterías se encuentra absolutamente claro: la impunidad.

Porque la violencia en contra de los comunicadores se ha convertido en “epidemia”, y continuará en ese estatus en la medida en la cual quienes pretenden acallarnos, a partir de una política de terror, tienen éxito en sus propósitos, es decir, en la medida en la cual amenazan, agreden, intimidan y, eventualmente, asesinan periodistas sin ser siquiera perseguidos por las autoridades.

Pero este último hecho no es casual ni producto de la ineptitud gubernamental, o al menos no de forma general. Si quienes ejercen violencia contra los periodistas gozan de impunidad es porque desde el poder público dicha violencia es, en cierta forma, “celebrada” cuando no “aprovechada” para los fines de quienes lo detentan.

El ejercicio periodístico es, por su propia naturaleza, incómodo al poder. No pocos funcionarios públicos –de todos los signos ideológicos y de todos los niveles– encuentran en la violencia una respuesta adecuada a la incomodidad del ejercicio periodístico. Por ello la ineficacia en las investigaciones, así como la ineptitud al momento de garantizar protección, constituyen respuestas “esperables”.

¿Cómo revertir esta situación? Personalmente estoy cada vez más convencido de la necesidad de impulsar el surgimiento de un gremio periodístico fuerte en México. La inexistencia de un sentido de cuerpo entre los profesionales mexicanos del periodismo explica en gran medida esta realidad. Volveremos al tema.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3
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