Hace dos semanas, di a conocer que en Puebla existe un problema grave de deuda estatal no registrada. Si bien no se conoce a ciencia cierta su monto, el senador Manuel Bartlett calculó una cifra superior a los 22 mil millones de pesos, más intereses y comisiones. Todo, a la postre, costará más de 60 mil millones de pesos al contribuyente local cuando concluya el plazo (no conocido) de esta deuda. 

El mecanismo es simple: una vez modificada la Ley de Deuda del Estado, en la que se define que los proyectos de inversión no son deuda, y que son extraídos de la administración pública estatal, “automáticamente” se convierten en un asunto privado que manejará un fideicomiso cuyo fiduciario es una empresa privada. Los impuestos de nómina, que una empresa poblana paga en alguna de las cajas recaudadoras por parte del Estado—por lo general bancos comerciales—, se deposita en el fideicomiso. De ahí se pagan los proyectos de todo tipo que define el gobierno del estado como susceptibles de ser proyectos de inversión. 

En otras palabras, el dinero de los impuestos se usa para diversos proyectos sin autorización del Congreso estatal y sin la posibilidad de que los contribuyentes, y cualquier ciudadano, tengan posibilidad de conocer en qué se ha gastado su dinero, a quién se ha contratado, los términos de la contratación, etcétera. Como el fideicomiso funciona también como garantía de pago, los contratistas pueden ceder sus derechos a terceros, muchas veces bancos comerciales. Entonces, el fideicomiso paga directamente al banco y no a los contratistas o proveedores del gobierno, mismos que ya han recibido su dinero en contraprestación a la obra, servicio o material que hayan proveído… quien construyó el Museo Barroco o el Centro Integral de Servicios en Puebla, ya recibió la totalidad del pago por parte de algún banco y, ahora el gobierno, a través de este fideicomiso, le paga al banco. No hay riesgo. 

Se trata así de usar dineros públicos con fines no autorizados, y mucho menos supervisados, por el Congreso estatal, sin conocimiento público… ¡a pesar de ser recursos públicos! Repito, no hay registro de esta deuda en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por cierto, ésta cuantifica en alrededor de 8 mil millones de pesos la deuda del estado de Puebla; sin embargo, consabida cifra no incluye esta deuda. La información es privada. 

Por estas contradicciones evidentes e inconstitucionales, el martes pasado, el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo en el que exhorta al gobierno estatal a hacer públicas las operaciones y condiciones de los contratos que están en este fideicomiso. Este punto de acuerdo del Senado es más que relevante, pues queda claro que hay un problema serio de falta de transparencia y que la opinión pública merece conocerlo. El gobierno estatal tendrá que responder por escrito al Senado sobre esta exhortación, aunque no hay un plazo perentorio que lo obligue a cumplir con dicho exhorto. 

Por otra parte, casualmente, este jueves se discutió y aprobó un dictamen en comisiones, después de dos meses de no ser atendido, y la semana próxima se someterá al pleno del Senado. Se trata del correspondiente proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Esta iniciativa fue presentada por el Ejecutivo y aprobada en sus términos por la Cámara de Diputados el 3 de diciembre de 2015. El 14 de diciembre se discutió en las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. Dicho dictamen quedó listo el pasado 15 de diciembre de 2015. 

Se trata de una iniciativa importante: atiende en buena medida las razones por las cuales el endeudamiento (registrado) de los estados ha crecido tan rápidamente en los últimos años. Asimismo, intenta atajar el endeudamiento que han hecho muchas entidades federativas fuera de los lineamientos constitucionales. A reserva de realizar un análisis detallado, salta a la vista un elemento: que el gobierno federal tenga la posibilidad de otorgar el aval a deudas estatales y municipales. A primera vista parecería lógico, huele a un “rescate estatal”. En las condiciones actuales, cuando se delatan las deudas que muchos estados adquieren sin mayor registro, esta provisión de la nueva ley podría interpretarse como un “borrón y cuenta nueva”. “Ya te endeudaste en lo oscurito, no te preocupes… regulariza tu deuda no registrada y aquí te la avalamos… ¿a cambio de qué?”. 

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