Pese a la advertencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de que los servidores públicos que se negaran a transparentar sus bienes no podrían trabajar en su gobierno, más de 20 altos funcionarios de la actual administración han rechazado dar a conocer su declaración patrimonial y/o de posible conflicto de intereses, o sólo la han realizado en forma parcial.

De acuerdo con una revisión hecha en el portal Declaranet de quienes ocupan cargos en subsecretarías de Estado, direcciones generales o coordinación de unidades, existen al menos seis servidores públicos que optaron por no dar a conocer ninguno de los dos mencionados aspectos.

Entre ellos se encuentran Jorge Alcocer Villanueva, quien ocupa el puesto de coordinador de asesores en la Secretaría de Gobernación (SG); Ernesto Alejandro Mendoza Álvarez, titular de la Unidad de Información para la Seguridad Pública, también de la SG, y César Emiliano Hernández Ochoa, director de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, dependiente de la Secretaría de Economía.

En ese mismo caso se encuentran Mardonio Carballo Manuel, director general de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, de la Secretaría de Cultura; Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y Ángela Quiroga Quiroga, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Un caso más fue el de Juan Manuel Flores Athié, quien hasta hace pocos días se desempeñaba como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SG, quien ocupó el puesto sólo por un mes y medio, pero nunca aceptó dar a conocer ni su situación patrimonial ni su posible conflicto de intereses.

Entre los servidores públicos de rango alto que prefirieron transparentar estos temas de manera parcial se cuentan al menos 15. En su caso, solicitaron expresamente que se reservara algún aspecto de sus bienes muebles, inmuebles o cuentas bancarias y de inversión.

Algunos de ellos son Ernesto Acevedo Fernández, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía; Franco Fabbri Vázquez, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y Javier Guerrero García, director de la Unidad de Gobierno de la SG. En esos tres casos, los funcionarios no aceptaron publicar ninguno de sus datos patrimoniales, pero sí los de posible conflicto de intereses.

Algunos otros sí dieron a conocer su declaración patrimonial, pero de manera acotada, como Javier May Rodríguez, subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional ,de la Secretaría de Bienestar, y Francisco Carrillo Soberón, subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía.