En México hay 13 mil 327 adolescentes privados de su libertad en 54 centros de reclusión, 84 por ciento por delitos del fuero común y 16  por ciento por delitos del fuero federal.

De acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, el 6 por ciento de los internos son mujeres y 94 por ciento hombres, mientras que los estados con mayor población son Jalisco, Sonora y Chihuahua.

A estos jóvenes se les aplica 43 leyes distintas, con penas máximas muy variables, que van desde los 3 hasta los 20 años de prisión, dependiendo el estado de la República.

El Diagnóstico de las y los Adolescentes que cometen Delitos Graves en México presentado en la Secretaría de Gobernación (Segob) por su autora, la doctora en Antropología Social Elena Azaola, advierte que los jóvenes internos viven una “muerte social”, sin sueños ni aspiraciones y sin un acompañamiento para su reinserción a la sociedad.

Según el estudio realizado en Coahuila, Sinaloa, Hidalgo y Morelos, el 41 por ciento de los entrevistados sufrieron algún tipo de maltrato en su infancia, 43 por ciento tiene un familiar en prisión, 47 por ciento abandonó su casa y 52 por ciento cursó apenas algunos años de secundaria.

De los reclusos, 35 por ciento cometió robo con violencia, 22 por ciento homicidio, 17 por ciento está acusado de portación de arma prohibida, 15 por ciento de robo de vehículo, 15 por ciento de secuestro, 10 por ciento por delitos contra la salud y 10 por ciento por delincuencia organizada.

Ante este panorama y ante la falta de políticas públicas para recuperar a los menores que delinquen por primera vez, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió que México se encuentra en un momento decisivo, casi histórico en materia de justicia para los adolescentes, con la construcción de una legislación nacional que debe buscar formas alternativas de justicia, que deje la cárcel como un último recurso.

La representante de la UNICEF en México, Isabel Crowley, señaló que los conflictos con este sector de la población se deben resolver por otras vías no penales, que resultan mucho más efectivas para promover la reintegración social de los jóvenes.

“Aplicar la privación de libertad sólo como una medida de último recurso y por el tiempo más breve posible, esto sí que nos urge, eliminando penas de hasta 15 ó 20 años, como se hace actualmente, y para los casos que la privación sea inevitable, mejorar realmente las condiciones de internamiento y de enseñanza y de aprendizaje”, manifestó.

Agregó que se deben considerar los programas necesarios para que las sanciones que no implican privación de la libertad puedan implementarse en la realidad, y que permitan a los adolescentes construir un proyecto de vida positivo que les permita recuperar sus sueños.

"La mejor forma de prevenir el delito y la violencia es a través del acceso efectivo a los derechos y a los mecanismos de protección desde los primeros años de vida”, manifestó.

Por su parte, Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, reconoció que las historias de jóvenes en reclusión reflejan que autoridades, familias y sociedad deben seguir trabajando, porque en la mayoría de los casos el contexto socioeconómico e historia de vida los orilla a entrar en conflicto con la ley, por lo que se requiere una atención integral.