Una de las responsabilidades más importantes de las instituciones públicas, en una sociedad democrática, es garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes. Para ello se les ha dotado del monopolio del uso de la fuerza y de una serie de herramientas jurídicas que, en teoría, deben resultar eficaces para disuadir a quienes se ven ante la posibilidad de cometer un delito.

El problema en sociedades como la nuestra, es que a pesar de todos estos elementos demasiados individuos consideran que pueden cometer delitos y quedar impunes. En otras palabras, la disuasión que debería representar el entramado jurídico e institucional de prevención del delito no está resultando eficaz.

Una muestra es el caso de Marisa Valdés, quien de acuerdo con la Fiscalía General de Coahuila fue asesinada como resultado ulterior de la confabulación de cinco personas que la habrían engañado con la renta de una cabaña en Arteaga, para luego privarla de la libertad y causarle heridas que acabaron con su vida en circunstancias que aún no han sido reveladas.

La pregunta que resulta obligada, en términos del desarrollo de los hechos, es por qué un grupo de individuos consideran que pueden perpetrar tales actos a sabiendas de que se trata de conductas que se castigan con pena de prisión.

Solamente una respuesta se antoja posible: porque en el proceso de planear y ejecutar el delito consideran que existe una alta probabilidad de no ser descubiertos, es decir, de cometer tales actos con impunidad.

Se trata de un incentivo poderoso que tiene fuertes asideros en la realidad. Las estadísticas demuestran, dolorosamente, que la inmensa mayoría de los delitos que se cometen cotidianamente en nuestras ciudades no solamente no son castigados, sino que ni siquiera son denunciados.

Casos como el de Marisa, que capturan la atención del público, movilizan a las autoridades y el hecho de que ayer mismo se informara de la detención de tres de los presuntos responsables de los hechos pareciera mostrar la eficacia de quienes tienen la responsabilidad de investigar los delitos.

El problema es que nadie prefiere la eficacia en la captura de un delincuente por encima de la eficacia en la disuasión del mismo. El que se castigue a alguien que ya ha cometido un delito no compensa en modo alguno el daño causado, sobre todo en un caso como este en que la pérdida de una vida es un hecho absolutamente irreparable.

Por ello, la presunta “eficacia” en la investigación y persecución de un delito, como ha ocurrido en este caso, no se traduce en una disminución de los índices delictivos, porque quienes han decidido hacer de la violación a la ley un estilo de vida, o circunstancialmente se encuentran ante la posibilidad de transgredirla, siguen teniendo frente a sí el incentivo que implica los altísimos índices de impunidad.

La lección que deja por ello el caso de Marisa es muy clara: además de castigar con todo el peso de la ley a quienes perpetraron estos atroces actos en su contra, resulta indispensable garantizar que no habrá otra víctima similar en cualquier momento.