La reacción frente a la publicación del trabajo periodístico fue sorpresiva y sin duda dejó a muchos con más preguntas que respuestas, sobre todo porque hace mucho tiempo no veíamos un ejemplo así: por más escandalosos que fueran los casos de presunta corrupción, los funcionarios permanecían en sus lugares sin inmutarse.

Ayer fue distinto: unas horas después de difundirse el contenido de un trabajo periodístico según el cual la Secretaria de Infraestructura de la administración estatal se habría beneficiado con la suscripción de contratos a través de empresas “fantasma”, María Esther Monsiváis Guajardo presentó su renuncia al cargo y salió del gabinete coahuilense.

La renuncia de Monsiváis no ha hecho sino servir la mesa para la polémica, por supuesto, sobre todo si se toma en cuenta el contenido de la carta que hizo llegar ayer mismo a los medios de comunicación.

En la misiva, en la cual da a conocer la decisión de separarse del gabinete estatal, la hoy exsecretaria asegura “tener la convicción” de no haber cometido “falta alguna”.

Como resulta obligado decir en estos casos, a Monsiváis –como a cualquier otra persona– debe presumírsele inocente mientras no se pruebe lo contrario. Sin embargo, resulta obligado preguntar cómo conciliar su afirmación con el hecho de que haya decidido renunciar.

Ella misma ha dicho, en la misiva, que tomó tal decisión “en el ánimo de no ser factor para que haya la mínima duda sobre la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos por parte de la administración estatal así como privilegiando la tranquilidad de mi familia”.

Sin duda siempre es útil, para la realización de una investigación imparcial, que quien debe ser investigado no pueda interferir con las indagatorias y menos si se trata de alguien con el poder que a María Esther Monsiváis se le reconoce –en voz baja, la mayor parte de las veces– en los circuitos políticos de la entidad.

Pero para que tal hecho pueda considerarse virtuoso aún hace falta que se anuncie la investigación y que ésta pueda ofrecer resultados puntuales y transparentes de forma expedita.

Los hechos sobre los cuales se ha lanzado la sombra de la sospecha están en la mesa: contratos millonarios que, de acuerdo con la información conocida hasta ahora, no se explican sino mediante la existencia de circuitos de corrupción y tráfico de influencias.

¿Obtuvieron, la exsecretaria y su familia, beneficios económicos gracias a su posición en la administración estatal? Averiguar la respuesta no es difícil: tan sólo es necesario ajustarse con rigor a la fórmula clásica –e infalible– de la transparencia: seguir la ruta del dinero.

Habrá que esperar a ver si, como sería de esperarse, el que María Esther Monsiváis haya decidido “hacerse a un lado” tuvo como propósito facilitar la realización de una investigación pulcra sobre el caso.