En línea con la exigencia plasmada en los arreglos para abrir el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP) sobre libertad sindical y respeto estricto a los derechos de los trabajadores, el borrador de lo que sería la Constitución de la Ciudad de México plantea una sacudida al marco laboral

De entrada, el golpe apunta directo a los sindicatos blancos o “charros”, al garantizar el recuento vía voto libre, directo y secreto, además de que el registro de los contratos colectivos de trabajo se realice con métodos transparentes que garanticen imparcialidad y respeto a la voluntad de los trabajadores.

No más negociaciones en los oscurito.

En otro escenario, sin embargo, el documento plantea sancionar a quienes extorsionen a los empresarios con paros, amenazas de huelga, “y otras acciones que no respondan al legítimo derecho de los trabajadores”. Las entrelíneas, naturalmente, hablan de extorsión.

En materia de justicia laboral, a diferencia del entorno federal, se plantea reforzar los tribunales para agilizar sus resoluciones sobre la base de privilegiar la realidad.

A diferencia, también, del marco federal, se plantea la exigencia de impulsar el sector social de la economía, es decir cooperativas de producción, consumo y ahorro, “que aporten al desarrollo económico y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad”.

A diferencia, adicionalmente, de lo previsto en el artículo 123 de la Constitución que restringe el derecho de huelga de los servidores públicos, la Carta Magna de la Ciudad plantea la posibilidad, además, de que los trabajadores al servicio de la Asamblea Legislativa, el propio gobierno de la ciudad, las alcaldías y órganos autónomos, “gozarán de los derechos establecidos en los contratos colectivos y condiciones generales de trabajo, que no podrán ser menores a los establecidos por el precepto general”.

Se consagra, además, el que el gobierno sólo podrá otorgar contratos públicos a empresas que apliquen en sus relaciones laborales los principios, de trabajo y salario digno establecidos en la Constitución.

La propuesta general, que deberá plasmarse en el articulado, habla de gobierno —o gobiernos de las alcaldías— que garanticen un salario remunerado y la estabilidad de sus trabajadores.
Desde otro ángulo, la Constitución protege a quienes navegan en la economía informal, argumentando que “tienen derecho a realizar un trabajo digno y percibir un ingreso”.

La ruta habla de permitir a ambulantes establecerse en los espacios públicos determinados por ley, en los que se garantizarán condiciones de seguridad y sanitarias. Sin embargo, les constriñe a tener un registro en que se anoten los servicios que prestan y la certificación de sus capacidades laborales, garantizando su derecho a asociarse para defender sus intereses, y a recibir capacitación.

La línea habla, incluso, de ofrecer guarderías a su servicio.

En el escenario, además, se habla de reconocer y proteger el trabajo sexual voluntario y autónomo, es decir ajeno a trata, como una actividad lícita.

En otro capítulo, se habla de garantizar la protección a los derechos laborales para deportistas, profesionales libres y trabajadores de la cultura.

La Constitución de la Ciudad de México garantiza que toda persona que desempeñe un trabajo temporal o permanente, asalariada o no, tiene derecho a una remuneración directa; a ser inscrito en la seguridad social, y a recibir un trato respetuoso, libre de discriminación, violencia física, psicológica, sexual o de cualquier índole.

Del dicho al hecho falta la madre de todas las discusiones.

Balance general

Permeado el efecto Trump, el Departamento de Comercio de Estados Unidos le está lanzando un manotazo proteccionista a nuestras exportaciones de azúcar a la vera de los acuerdos pactados para evitar un procedimiento por supuesto dumping o precio menor al del mercado de origen.

Impuestas cuotas o cupos para exportar sin arancel azúcar morena o refinada, ahora se quieren imponer condiciones de compra para las empresas importadoras estadounidenses.

A trasmano, pues, se reduciría el flujo. Naturalmente las acciones obedecen a que el dulce producido en el país se vende más barato que el de casa.

Sí, pero no

Levantada una espesa campaña contra los tráileres de doble caja y los de doble salchicha que circulan en carreteras bajo dos considerandos: la posibilidad de accidentes y el daño a las carreteras, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo sí… pero no. Dicho con todas las letras, se reconocer la justeza del reclamo, pero los vehículos seguirán circulando. La única restricción es que ahora tendrán placas especiales.

De acuerdo a la óptica de la dependencia, quien firmó un convenio con la Concamin y la Cámara Nacional de Transporte de Carga, el 80% de los accidentes los provoca el factor humano, en consecuencia, se vigilará la capacitación de los operadores.

En Estados Unidos, como usted sabe, están prohibidos este tipo de vehículos. En la línea ofensiva estaban las empresas nacionales y extranjeras productoras de alimentos y bebidas, además de las cadenas de autoservicio y tiendas de conveniencia.

Se atasca Peñasquito

Aunque el gobierno de Zacatecas está terciando en el conflicto entre empresas transportistas y la minera canadiense Goldcorp, en cuyo escenario se bloqueó el acceso a la planta de la mina Peñasquito, parece misión imposible destrabarlo.

La firma afectada sostiene que no se trata de un conflicto social o político, sino una extorsión o chantaje de compañías que quieren imponer condiciones económicas o comerciales de forma unilateral. La empresa, del país de la hoja de arce dice que éste y otros conflictos anteriores “levantan serias dudas de seguir invirtiendo en México”. Peñasquito es la principal productora de oro del País.

Nace el COMPA

En afán de integrar un frente común de cara a posibles conflictos en sus operaciones hacia el interior o exterior del país, la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bobino, la Confederación de Porcicultores Mexicanos y la Federación Mexicana de Lechería están creando un nuevo organismo. Este se denomina Consejo Mexicano de la Proteína Animal (COMPA, por sus siglas). La producción nacional de carne, leche y huevo alcanza 19 millones de toneladas, buena parte de las cuales van hacia mercados externos. La instancia representará a México en el Consejo Latinoamericano de Proteína Animal, en el que caben Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia y Ecuador.

albertobarrancochavarria0@gmail.com
Alberto Barranco