Hace unos días y durante su comparecencia en el Senado, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, volvió a subrayar la necesidad de contar con un presupuesto público “ajustado” para asegurar la estabilidad macroeconómica. Tiene razón. Es indispensable y todos lo debemos de entender. Llegó la hora de la verdad. En 2010, antes de iniciar este sexenio, México comenzó a tener déficits primarios: los ingresos no le alcanzaban al gobierno para cubrir los gastos sin considerar los pagos de la deuda pública. 

Entre otras cosas, eso significa que en los últimos siete años hemos tenido que endeudarnos para pagar esos intereses y amortizaciones al capital de lo que debemos. Como en las finanzas personales, si usamos una tarjeta de crédito para pagar los intereses de otra, en poco tiempo estaremos ahogados. Si bien ése no es exactamente el caso de las finanzas públicas –en parte porque las tasas de interés son mucho más bajas en el crédito público que en el privado de tarjetas de crédito– sí ejemplifica la actual situación de fragilidad financiera del sector público.

En esencia, el problema proviene de un entorno internacional de volatilidad y bajo crecimiento económico que ha detenido nuestras exportaciones, de un mercado petrolero de precios bajos acompañado de la reducción de nuestra capacidad de producción, y de un imparable aumento de gastos en pensiones por el envejecimiento de la población sin haber hecho las previsiones necesarias. Por supuesto hay otros factores, como la inseguridad, la corrupción, baja productividad y calidad del gasto, el destino equivocado de recursos, y un largo etcétera. No obstante y en términos macroeconómicos, la fuente de la situación en la que nos encontramos se resume en un entorno internacional adverso, menos recursos petroleros y aumento en gastos ineludibles como pensiones y pago de la deuda.

Es importante reconocer que si bien no podemos controlar lo que pasa en la economía mundial, sí se han hecho ajustes muy importantes en la composición de los ingresos del Gobierno para afrontar la crisis. Yo diría que ha sido una transformación histórica por la magnitud del ajuste en tan poco tiempo. Eso debemos reconocerlo sin regateos. En el gasto, sin embargo, el ajuste ha sido menos exitoso.

Desde fines de los setenta, la dependencia de los ingresos petroleros se había convertido en una espada de Damocles. El día que bajara el precio del petróleo y las reservas del país, las finanzas públicas entrarían en crisis con consecuencias demoledoras. Todavía en 2012, los ingresos petroleros contribuían con 40 por ciento de los recursos públicos. Hoy, en 2016, los ingresos petroleros contribuyen con 17 por ciento. Ello ha significado una reducción de 4.7 puntos porcentuales del PIB. De no haberse hecho nada, se habría generado un déficit que se hubiese ya transformado en una recesión económica severa. En cambio, la reforma fiscal y la gestión del SAT (con la molestia del público), aunado a las coberturas del Banco de México y los remanentes de operación del Banco de México, permitieron recuperar totalmente dicha pérdida de ingresos públicos (5.1 puntos del PIB): La recaudación del ISR aumentó más de 2 puntos del PIB, la transformación de los subsidios energéticos en impuestos verdes a las gasolinas y otros impuestos especiales contribuyeron con alrededor de 2.7 puntos, y el IVA con sólo 0.3 puntos pues casi no fue tocado por la reforma fiscal.

Por su parte, el gasto público creció 2 puntos porcentuales del PIB lo que ha mantenido el déficit primario mencionado, y un déficit financiero mayor que ha aumentado el saldo de la deuda en más de 10 puntos porcentuales del PIB. De ellos, la depreciación del tipo de cambio ha contribuido con un tercio.

Así es que, si bien ha habido un esfuerzo exitoso en casi eliminar la grave dependencia del petróleo (hasta ahora), se vuelve indispensable evitar lo que ha ocurrido año con año: el gobierno federal y muchos estatales han sido incapaces de ajustarse al monto de su presupuesto. De haberlo hecho, no tendríamos el problema de fragilidad que enfrentamos hoy. Por ello, resulta indispensable que el Congreso de la Unión le dé marcaje personal al ejercicio del gasto: comparecencias bimestrales de los responsables de los gastos y los ingresos ante las comisiones unidas de seguimiento de las finanzas públicas, así como del Auditor Superior de la Federación que ya tiene la atribución de auditar en tiempo real, de investigar desvíos y hacer las denuncias correspondientes. Sólo así podremos romper la tendencia de déficit que venimos arrastrando. 

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