Hacer de la honestidad a toda prueba la bandera más importante de un gobierno es –en cualquier parte del mundo– una empresa sumamente compleja. Y lo es porque para sostenerla es preciso dar muestras inequívocas de que se mide exactamente con la misma vara a todo mundo.

“Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie”, ha dicho una y otra vez el presidente López Obrador y ha asegurado que en el propósito de “desterrar” la corrupción no hará distingos de ningún tipo.

Por ello, el caso del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, constituye un problema de carácter mayúsculo para el Gobierno de la República, pues las investigaciones periodísticas reveladas en las últimas semanas no solamente no han sido desmentidas, sino que se han incrementado los señalamientos en su contra.

Primero fueron una serie de propiedades –casas y terrenos– que implicarían la posesión, por parte del exgobernador de Puebla, de una fortuna 16 veces mayor a la que declaró al iniciar en su actual encargo; ahora son una docena de empresas con las cuales tendría relación y de las que tampoco dijo nada aun cuando estaba obligado a ello.

Los adversarios políticos –como corresponde a todo adversario– no han dudado ni un momento en salir a hacer lo que hace un adversario político: pedir la cabeza de Bartlett desde la tribuna del Senado de la República. Es lo que habrían hecho, en igualdad de circunstancias, los legisladores de Morena si se encontraran del otro lado de la mesa.

El problema para el Gobierno de la República es que Bartlett no es López Obrador. No cuenta con el bono de credibilidad que posee el titular del Ejecutivo y que lo vuelve prácticamente invulnerable frente a cualquier señalamiento relativo a su honestidad.

Más aún: además de no contar con dicho bono, el poblano carga sobre su espalda el fantasma –que no logrará quitarse nunca de encima– del “fraude” de 1988 cuando, siendo secretario de Gobernación, “se cayó el sistema” y tal hecho permitió, de acuerdo con lo que la mayoría cree, que Carlos Salinas de Gortari asumiera el poder, aunque probablemente no obtuvo la mayoría de los votos emitidos por los mexicanos.

Así pues, por mucho que el Presidente quiera “proteger” a su hoy aliado, el costo que para su gobierno tendrá el apuntalar a un funcionario que, en el imaginario colectivo, no es un individuo con credibilidad reconocida puede ser demasiado alto.

Por otro lado, y siguiendo las tradiciones de la política mexicana, separar a Bartlett de su cargo en este momento constituiría un “signo de debilidad”, pues implica reconocer que se permitió el acceso al poder a alguien que no merecía la confianza del titular del Ejecutivo.

Pero López Obrador ya ha demostrado en múltiples ocasiones que no es un político tradicional y que es capaz de romper los esquemas de la política. Habrá que ver si en este caso da otra muestra de ello y decide sostener, a pesar de todo, a Manuel Bartlett en su puesto o si termina sumándose al coro que ya considera al expriista un lastre para esta administración.