Luego de que culminó el proyecto “Inocente”, impulsado por defensores y alumnos de la Facultad de Jurisprudencia, el coordinador de dicho proyecto informó que todavía hay mucho por hacer en torno al tema de violencia de género que hoy mantiene a muchas mujeres en las cárceles del Estado.

El “Inocente” nació años atrás, cuando la coordinación abrió paso a identificar casos en los que mujeres estuvieran atravesando un proceso judicial por acciones que habían cometido en legítima defensa.

Desde el proyecto, lograron revertir dos imputaciones que pretendían imponerse como sentencias condenatorias contra dos mujeres que habían asesinado a sus parejas en defensa propia, luego de vivir una serie de episodios de violencia doméstica. De acuerdo con Carlos Garou, en ambos casos, las autoridades no tomaron en cuenta las normas de perspectiva de género para realizar las acusaciones contra estas mujeres.

“Ellas vivían en un contexto donde venían arrastrando agresiones de años, y en un momento ellas se defendieron. Pero si se atrevían a denunciar, pues se ponían en riesgo, de hecho en el último caso sí se intentó poner denuncia, pero el hombre era policía. Incluso los hechos de defensa no eran con violencia extrema, de ahí también se determinó que estos casos habían sido por legítima defensa”, explicó.

En ese sentido, el coordinador del proyecto ahora extinto dijo que sin embargo, todavía existen casos de otras índoles, por ejemplo en la cárcel de Saltillo, donde fueron identificados por lo menos 10 casos de mujeres que fueron obligadas por sus parejas a vender drogas, o incluso, a ser partícipes de secuestros o cuidadoras de las víctimas, contra su propia voluntad.

“Había muchos en contexto de drogas, donde las mujeres eran obligadas a vender. Eran alrededor de 10 ó 12 mujeres. Hay 98 mujeres actualmente privadas de la libertad”, expresó.

En ese contexto, también Carlos Garou dice que incluso identificaron a mujeres que habían sido obligadas a ser cuidadoras de personas secuestradas; sin embargo, en estos casos se prefirió no exponer a alumnos de la Facultad de Jurisprudencia. Este último caso identificado, fue en Saltillo, e incluso se utilizó como caso ejemplo.

El proyecto ya no pudo seguir por cuestión de recursos, pues muchos de ellos también requerían viajes a Torreón, donde se radicaban las causas, o bien, hacer investigación privada, dictámenes periciales, y otros detalles judiciales.

“Nosotros ya no tuvimos recursos para poderlas atender porque esto implica también hacer investigación privada. Se necesitan recursos, no siempre es dinero, tuvimos apoyo de personas de la Facultad de Jurisprudencia, de la Escuela de Psicología, y también fueron fotógrafos especialistas que nos ayudaban con el tema de análisis de la escena del crimen, etcétera”, expresó.