No fue necesario transitar por el engorroso camino de una reforma al artículo 28 constitucional. Bastaba con la presión emitida desde Palacio Nacional y secundada por la Secretaría de Hacienda para asignarle en la práctica al Banco de México el mandato dual, que desde hace ya algunos años, varios analfabetos en temas económicos se han atrevido a proponer.

Con la decisión de la política monetaria del pasado jueves, ya se hacen más que evidentes las presiones por las que atraviesa el banco central mexicano al tomar medidas que deberían basarse en criterios técnicos y consideraciones estrictamente económicas. No políticas ni ideológicas.

La reducción de la tasa de interés en veinticinco puntos base para ubicarla en 7.75%, desde el 8% previo, a la par de dejar más que abierta la puerta para futuras alzas y el debate sobre la mesa de que las reducciones podrían ser a velocidades de cincuenta puntos de base, deja con más dudas que certezas las motivaciones que mueven a los integrantes de la Junta de Gobierno.

Incluso el mismo Secretario de Hacienda felicitó la decisión de la Junta de Gobierno y comentó que había espacio para continuar con la reducción de tasas más delante. La autonomía y la credibilidad que se ha ganado el Banco de México, construida en los últimos veinticinco años parecen importarles un reverendo cacahuate.

¿Qué si la decisión de rebajar la tasa de interés fue acertada? Definitivamente si, dado que somos de los países con las más altas tasas de interés en términos reales en el mundo. 

Sin embargo, el problema es la forma. La presión hacia un órgano autónomo y la voracidad desmedida – pensar en hacerlo a ritmo de medio punto porcentual – ya raya en una obsesión, en una fijación enfermiza por achacarle a un banco central una responsabilidad que no es propiamente suya de manera directa: el crecimiento económico.

Si la idea era reducir la tasa de interés para incentivar el crédito y reactivar la inversión, el mismo Gobierno puede hacer cosas mucho más efectivas como inyectar confianza a los empresarios a través de implementación de políticas públicas congruentes; permitir la participación privada en grandes proyectos entre ellos, el sector energético; estado de derecho; gasto público eficaz, entre otros.

Existen tres riesgos potenciales en el escenario que derivarían en choques por el lado del tipo de cambio o en el proceso de contaminación de precios, que haría contraproducente llevar a cabo una política monetaria expansiva acelerada: I) escalada en los precios del petróleo; II) una rebaja en la calificación crediticia ya sea de PEMEX o del Gobierno Federal y III) un aumento desproporcionado en el salario mínimo como se ha venido mencionando en los últimos días.

Guillermo E. Garza De La Fuente

Economista y Catedrático de la Facultad de Economía de la UAdeC