México, DF. “El maltrato infantil es la principal causa de muerte entre los menores”. 

Así lo destacó el Senado de la República en un dictamen que aprobó para apremiar a los gobiernos de los estados y al del Distrito Federal a fortalecer las políticas públicas para prevenir y eliminar el maltrato infantil. 

Y es que de acuerdo con un estudio del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en 2013 entre 55 y 62 por ciento de los niños en el país sufrió maltrato, y según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), una tercera parte de los hogares mexicanos padece violencia. 

En este contexto, las comisiones unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de la Familia y Desarrollo Humano indicaron que en el periodo de 2001 a 2011, en promedio anual, 21 mil menores fueron víctimas de maltrato comprobado, situación que representó “20 por ciento del total de casos presentados al Ministerio Público”.

Y los estados que aparecen con mayor frecuencia en las primeras posiciones con más casos de maltrato infantil comprobado fueron Guanajuato, Yucatán, Puebla, Coahuila, Chihuahua y Sinaloa, se dijo en el Senado. 

En su dictamen, los legisladores señalaron que el documento Maltrato infantil en México 2010-2011, con datos del DIF y del Unicef, concluye “que 71 por ciento de las niñas y niños recibe algún tipo de violencia de parte de su madre o padre; que 51.5 por ciento de los menores sufre algún tipo de violencia física; que 25.9 por ciento, de las niñas y los niños sufre violencia física grave. 

“En 2010, del total de menores víctimas de maltrato atendidos en el DIF, 52.4 por ciento son niños y 47.6 son niñas; en 2011 el porcentaje de niños maltratos atendidos fue de 49.8 por ciento, disminuyó 2.6 por ciento con respecto a 2010; pero en el caso de las niñas maltratadas, el porcentaje pasó de 47.6 por ciento en 2010 a 50.2 por ciento en 2011”, dijo. 

Y se resaltó que de 2001 a 2011 “se triplicó el número de denuncias por maltrato infantil”. 

Los senadores destacaron que “la acción concurrente gubernamental provista de programas y acciones sujetas a revisión y evaluación permanente, conforme al marco jurídico vigente, debe ser reforzado a efecto de combatir frontalmente el flagelo del maltrato infantil y en aras de alcanzar estándares de bienestar idóneos” para los menores.

Con información de La Jornada