WASHINGTON.- Rex Tillerson, nominado para ser secretario de Estado de EU, aseguró que el presidente electo Donald Trump hará una “revisión de abajo a arriba” de la relación bilateral con Cuba, incluida la decisión de Barack Obama de retirar al país de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

“El presidente electo fue claro sobre que quiere iniciar una revisión de abajo a arriba sobre toda la relación con Cuba”, dijo Tillerson durante su audiencia de confirmación en el Senado.

Ese esfuerzo incluirá una “revisión integral de las órdenes ejecutivas” adoptadas por el actual presidente Barack Obama, y el Departamento de Estado “examinará cuidadosamente los criterios por los cuales Cuba fue eliminada” de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y “si esa decisión fue apropiada”.

Obama ordenó en abril de 2015 la retirada de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, elaborada anualmente por el Departamento de Estado y en la que la isla permanecía desde 1982, lo que suponía la imposición de sanciones como la prohibición a la venta de armas y a la ayuda económica.

La salida de esa lista era un reclamo del Gobierno cubano desde hacía años, y La Habana lo consideraba imprescindible para avanzar en el proceso de normalización de las relaciones bilaterales que ambos países iniciaron a finales de 2014.

Las razones de EU para mantener durante tantos años a Cuba en la lista eran su presunta acogida a miembros de la organización terrorista vasca ETA y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de a algunos fugitivos de la Justicia estadunidense.

Preguntado por el senador republicano Marco Rubio por si, en el caso de que el Congreso estadunidense apruebe el levantamiento del embargo a Cuba y “no ha habido cambios democráticos en la isla”, Tillerson aconsejaría a Trump que vetase esa ley, el nominado a secretario de Estado respondió: “Sí, lo haría”. 

Recuérdelo:
> Obama ordenó en abril de 2015 la retirada de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, elaborada anualmente por el Departamento de Estado y en la que la isla permanecía desde 1982, lo que suponía la imposición de sanciones como la prohibición a la venta de armas y a la ayuda económica.