Elba Esther Gordillo quedó libre porque la PGR obtuvo ilegalmente la información financiera con la que pretendía demostrar el desvío mil 978 millones de pesos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Así se asienta en el expediente 156/2018 del Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito, en el que el magistrado Miguel Ángel Aguilar López apuntó también que la PGR tampoco logró acreditar que Gordillo encabezara una red delincuencial.

“En el diverso de violación contra la delincuencia organizada, no se constató la existencia de una organización criminal a la que perteneciera la ahora apelante (Gordillo)”, señaló el magistrado.

Afirmó que la agrupación de la cual Gordillo fungía como presidenta era el SNTE, el cual está conformado legalmente y para fines lícitos.

“Es evidente que no se logró demostrar que dicha agrupación tuviera como fin la realización reiterada de diverso ilícito como el de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, aclaró el magistrado.

La publicación del contenido del citado expediente, en portales de Internet, fue el motivo para que Marco Antonio del Toro, abogado de Gordillo, promoviera una queja ante el Consejo de la Judicatura.

Confirmó que el expediente de 243 páginas publicado en Internet sí corresponde a la sentencia del magistrado Aguilar López, pero acusó que no se trata de una versión pública como lo ordenó en su resolución el propio juzgador.

Apuntó que en el escrito difundido no vienen testados los datos de identidad de su clienta, de los testigos, ni de toda la información que es considerada como sensible o confidencial. Dijo que dicha filtración surgió de algún funcionario judicial, por lo que pidió una investigación y la aplicación de las sanciones correspondientes.