Un grupo de por lo menos 70 maestros acudió a las instalaciones del Palacio de Gobierno para entregar al despacho del gobernador, una carta en la que exigen respuesta a las indagatorias por presuntos actos de corrupción que se iniciaron desde el 2016 contra instituciones públicas empleadas para el servicio a los trabajadores del Estado. 

A raíz de los resultados que se han dado en las carpetas de investigación que obran en la Fiscalía del Estado sobre los manejos de la Sección 5 del Sindicato de Trabajadores de la Educación en Coahuila, los maestros exigieron respuesta sobre el presunto daño de mil 300 millones de pesos, que ocasionaron al patrimonio el Instituto de Servicio Médico, el Fondo de la Vivienda, el Seguro y la Dirección de Pensiones, provenientes 

De acuerdo con el comunicado entregado por los maestros de la sección 38, e integrantes de la Coalición de Trabajadores de la Educación de Coahuila previo a su intervención pública, dichos daños obran en las cuentas públicas de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, y los montos ascienden a mil 300 millones de pesos provenientes de sus aportaciones. 

“Consideramos que, independientemente de acudir a las instancias legalmente instituidas para realizar las investigaciones de ley, el Gobernador del Estado tiene la responsabilidad constitucional de procurar la justicia y, tratándose particularmente de instituciones públicas que reciben recursos de los contribuyentes, informar a los ciudadanos del avance de las indagatorias”, manifestaron los maestros. 

En ese sentido, solicitaron al ejecutivo del estado información detallada sobre las diligencias practicadas para acreditar los hechos denunciados, además de demostrar la probable responsabilidad de quienes intervinieron en su comisión, y en su caso, que se les informe sobre las penas impuestas, así como la recuperación de los montos económicos para resarcir el daño. 

Las sumas que fueron reportadas por la Auditoría en los años mencionados en las denuncias que se presentaron específicamente el 2016 y en 2018, hablan de montos de posibles daños por 424 millones de pesos en el Instituto de Servicio Médico, de 646 millones de pesos en el Fondo de la Vivienda, de 120 millones de pesos en el Seguro y de 108 millones de pesos en la Dirección de Pensiones. 

Sin embargo, los maestros manifestaron que todavía falta indagar en los manejos de las mismas instituciones en los años 2011, así como en lo que resulte del 2019. 

Entre las irregularidades que provocaron el daño patrimonial, resaltaron pagos en exceso y favoritismo en el cálculo de pensiones, gastos no comprobados por distintos conceptos, contratación no justificada de personal, pagos dobles en dos instituciones a directivos, simulación de actos jurídicos y pagos discrecionales y excesivos. 

En ese sentido, Gustavo García, dirigente de la Coalición, manifestó que también entregarán este pliego de urgencias a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de Participación Ciudadana para que hablen sobre su insistencia en el caso.