Ciudad de México. Madres de mujeres víctimas de feminicidios y desaparecidas clausuraron de manera simbólica oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR).

Ahí, acusaron omisión por parte de las autoridades para investigar los asesinatos de sus hijas. Señalaron que la corrupción también a impedido que se dicte sentencia a los agresores.

Las madres de María Fernanda, Lesvy Berlín Osorio, Víctoria Pamela, Yang y Abigail, y otras más, pidieron que se les haga justicia.

De igual manera, llamaron a la sociedad a no normalizar la violencia y a que se solidaricen con ellas.

Araceli Osorio, madre de Lesvy, dijo que las autoridades son responsable de los asesinatos de las mujeres su omisión y falta de actuación frente a esta delitos. Si la PGR “no cambia entonces debe desaparecer”.

También se dirigieron al gobierno electo, le pidieron no dejarlas sola y que haya un mayor compromiso para atender este flagelo.

María de la Luz Estrada, coordinadora general del Observatorio Ciudadano del Feminicidio (OCNF), destacó que el presidente Enrique Peña Nieto, quien está a días de terminar su gestión, “deja el peor contexto de violencia contra las mujeres”.

Expuso que las políticas públicas e instancias encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, “han sido ineficientes y sin perspectiva de género. Aunado a ello, las procuradurías o fiscalías en lugar de garantizar el acceso a la justicia, la obstruyen”.

Las estructuras patriarcales a las que nos enfrentamos las mujeres, añadió, se encuentran presentes en las relaciones de pareja, en la violencia laboral, en las zonas comunitarias, desde redes criminales y en la violencia institucional.

El OCNF señaló que los feminicidios en México siguen siendo un flagelo nacional. De acuerdo con datos recabados por el Observatorio, el 40 por ciento de las víctimas de feminicidio de 2014 a 2017, tenían entre 21 y 30 años de edad, y en el 70 por ciento de los casos, las mujeres fueron asesinadas en el ámbito público. Las causas de muerte documentadas fueron: golpes, estrangulamiento, asfixia, quemaduras, envenenamiento, mutilación, agresiones con armas de fuego, entre otras.

“En este contexto tan adverso, el Estado toleró y legitimó la presencia y el control territorial de redes y estructuras criminales a nivel nacional que atentaron contra la vida de las mujeres y niñas”, apuntó.

De acuerdo con la información del Gobierno Federal, del 2012 al 2016 solo se emitieron a nivel nacional 304 sentencias por feminicidio, sin determinar si estas fueron o no condenatorias.

Indicó que el nuevo gobierno se enfrentará a un contexto como nunca antes en la historia de México, por lo que se requiere de una acción urgente y responsable, con una ruta clara que permita evaluar los impactos de las medidas que implemente para erradicar la violencia contra las mujeres.

Los familiares de víctimas de feminicidios concluyeron la propuesta reprochando al gobierno de Peña Nieto.

Se reúnen ahora en el Monumento a la Madre donde junto a otras organizaciones marcharán hacia el Hemiciclo a Juárez.