Cuando Lidia Karine Souza llamaba a su hijo de nueve años, 20 minutos una vez a la semana, él le rogaba entre lágrimas que lo sacara del centro de detención estadounidense para volver con ella.

La madre brasileña de 27 años, solicitante de asilo, hace todo lo posible.

Primero tardó semanas en hallar a Diogo después que los separaron tras cruzar la frontera de Estados Unidos con México a fines de mayo. Cuando quedó en libertad en Texas el 9 de junio, llenó unos 40 formularios que según las autoridades eran requeridos para recuperar a su hijo.

Luego le dijeron que las normas habían cambiado y que cualquier familiar suyo que viviera con ella en Estados Unidos debía presentarse para dejar sus huellas digitales. Además, debía llenar más formularios.

Esta no era la seguridad que había buscado para ella y su hijo. Este no era el sueño americano.

"Esto... es una pesadilla", dijo en un hotel de Chicago, todavía a la espera de reunirse con Diogo, de quien nunca había estado separada durante más de una semana.

El martes, los abogados de Souza entablaron una demanda contra el gobierno federal por la libertad inmediata del niño, que ha pasado cuatro semanas en Chicago en un refugio contratado por el gobierno, buena parte de ese tiempo a solas, en cuarentena por varicela. El lunes cumplió nueve años, sin su mamá.

Los abogados dijeron que procederán con una audiencia de emergencia el jueves por la mañana en el tribunal federal de Chicago a pesar de la orden de un juez federal que obliga al gobierno a reunir a más de 2,000 niños con sus familias en 30 días, o en 144 días si son menores de cinco años.

Jesse Bless, un abogado del bufete Jeff Goldman Immigration de Boston, uno de los dos que representa a Souza, dijo que la orden del martes no lo conmovía porque el gobierno tenía los medios para demorar. "A esta altura nos resulta difícil confiar", dijo.

Durante días y semanas, algunos de los cientos de padres separados de sus hijos en la frontera con México luchan contra uno de los sistemas de inmigración más complejos del mundo para encontrar y recuperar a sus hijos.

Para muchos ha sido una batalla tan desigual como frustrante y angustiosa. La mayoría no habla inglés. Muchos desconocen el paradero de sus hijos. Adicionalmente, algunos dicen que sus llamadas a la línea de información del gobierno no reciben respuesta.

Los obstáculos logísticos son colosales y queda por verse si el gobierno federal puede superar la burocracia, confusión y aparente falta de coordinación para cumplir el plazo.

El Departamento de Justicia y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que tienen los niños a su cargo, no informaron el miércoles cómo piensan responder al fallo.

El director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Anthony Romero, dijo que el plazo es realista. "Es cuestión de voluntad política, no de recursos", sostuvo.

Los niños han sido enviados a refugios en todo el país, a miles de kilómetros de la frontera y tal vez cientos de padres han sido deportados sin sus hijos.

Una mujer en Guatemala que fue deportada sin su hijo de ocho años ha tenido que buscar un abogado estadounidense desde su casa en las afueras de la capital para que la ayude a recuperar a Anthony. Elsa Johana Ortiz elogió la sentencia del juez, pero dijo que mientras no le devuelvan a su hijo, "no tendré paz".

En El Paso, Texas, una treintena de padres liberados el domingo iniciaron una búsqueda febril de sus hijos usando un solo teléfono fijo en un refugio de la organización Annunciation House.

Algunos se apresuraron a tomar autobuses hacia Nueva York, Dallas o la costa del Pacífico para vivir con familiares, con la esperanza de establecer un domicilio y así facilitar la recuperación de los niños. Se llevaron poco más que bolsas con emparedados y carpetas con las actas de nacimiento y los documentos de solicitud de asilo.

Un solicitante de asilo en Annunciation House, Wilson Romero, esperaba reunirse en California con su hija de cinco años Nataly, en la casa de su madre, una inmigrante reciente. Dijo que Nataly aparentemente convalecía de varicela, que había contraído durante su detención, como Diogo.

El hombre de 26 años fue separado de Nataly en El Paso en mayo. En Honduras, en las afueras de San Pedro Sula, una de las ciudades más violentas de América Latina, él trabajaba en una fábrica textil que produce logos para marcas estadounidenses. Dijo que abandonó su país para que su hija tuviera la oportunidad de estudiar. Ahora solo quiere volver a verla.

"Ruego a Dios que sea pronto", dijo Romero, que lleva el nombre de su hija tatuado en su brazo derecho. Souza tiene el nombre de su hijo tatuado en su muñeca.

El abogado de Souza dijo que algunos padres que tratan de alojar a sus hijos con amigos o parientes deben proporcionar, además de las huellas digitales de éstos, boletas de servicios públicos e información sobre su domicilio, que muchos no tienen porque acaban de llegar.

Souza y su hijo fueron separados hace cuatro semanas, después que ella pidió asilo porque dijo que su vida corría peligro en Brasil. "Vine por necesidad", dijo en una entrevista con The Associated Press el miércoles.

Después de la separación, ella no tenía idea del paradero de su hijo hasta que otra madre detenida dijo que su hijo conoció a un chico llamado Diogo en un refugio en Chicago. Puede hablar con él apenas 20 minutos por semana y le han dicho que solo podrán dejarlo en libertad a fines de julio.

Pero ella espera que la demanda ayude a reunirlos antes.

Souza, quien se aloja con parientes en las afueras de Boston, visitó a Diogo por primera vez el martes. Se abrazaron y ella lo besó varias veces y le tomó la cara entre las manos. Ambos lloraban.

"Te extrañé tanto", le dijo en portugués. Cuando le preguntó cómo estaba, Diogo respondió "ahora estoy mejor".

La visita duró una hora. Después él volvió al encierro. "Lloró mucho a la hora de despedirnos", dijo Souza. "Creía que lo llevaríamos a casa".