SAO PAULO.- La Fiscalía de Sao Paulo pidió prisión preventiva para el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. El exmandatario, del Partido de los Trabajadores (PT), fue denunciado por este mismo organismo el miércoles, por lavado de dinero y ocultación de patrimonio. Ahora, los fiscales aseguran que existe riesgo de fuga y de que obstaculice las investigaciones.

La petición de cárcel para Lula, divulgada íntegramente por el portal jurídico Jota, es contundente. Argumenta que una fuga de Lula sería “extremadamente simple” y sostiene que, al aislarlo, garantizarían “el orden público, la instrucción del proceso y la aplicación de la ley”. Los fiscales expresan su temor de que el expresidente movilice a su “red violenta de apoyo” para obstaculizar el proceso en su contra y que amenace a víctimas y testigos.

La acusación también ataca a la presidenta Dilma Rousseff porque pretende “blindar al denunciado, erigiéndolo en un ciudadano por encima de la ley”.

Desde hace días, en Brasilia llueven los rumores sobre la posibilidad de que Rousseff le ofreciese a su padrino político un puesto en el Gobierno para convertirlo en aforado, informa Afonso Benites. 

Mientras este ocupase la cartera solo podría ser juzgado por el Supremo Tribunal Federal. Parte de la opinión pública ve la posibilidad de un nombramiento como una especie de confesión de culpabilidad de Lula y como una señal de la pérdida de poder de la presidenta.

El líder nacional del PT, Rui Falcão, calificó ayer, la petición de prisión preventiva de “mediática”. “Va en la línea de lo que hace este fiscal y sus compañeros: denunciar sin pruebas al presidente Lula”, comentó.

“El Fiscal que anticipó su decisión de denunciar a Lula antes de escucharlo dio otra prueba de parcialidad al solicitar su detención preventiva”, reaccionó el Instituto Lula, una fundación encabezada por el exjefe de Estado y que opera como su portavoz. 

El comunicado insiste en que hay documentos que demostrarían que Lula no es el propietario del apartamento. “Pese a eso, solicita medida cautelar contra el expresidente en otro triste intento de usar su cargo para fines políticos’, asegura.

La jueza debe ahora decidir si acepta o rechaza la solicitud. No hay un plazo establecido para que responda. Si fuera condenado, el expresidente podría tener hasta 13 años de cárcel. 

Los fiscales piden, además, prisión preventiva para Léo Pinheiro, expresidente de la constructora OAS (investigada en el caso Petrobras), y para el extesorero del PT, Joao Vaccari Neto, detenido en la operación anticorrupción Lava Jato.

Con estos escándalos empeora la crisis del Gobierno brasileño. Rousseff se encuentra cada vez más frágil y aislada, y todavía queda un reto importante por delante: la protesta de este domingo convocada por la oposición a la presidenta. 

LA DENUNCIA
> La Fiscalía de Sao Paulo, la misma que ahora pide cárcel, denunció el miércoles a Lula da Silva por lavado de dinero y ocultación de patrimonio, menos de una semana después de que fuese interrogado en otra investigación paralela por supuesta corrupción en la estatal Petrobras.