Nuestro país, lo sabemos todos, tiene muy graves problemas de corrupción e impunidad. Y para coincidir en esta afirmación no hace falta argumentar mucho. Tampoco para identificar a quienes tienen la mayor parte de la responsabilidad en este ámbito: los integrantes de la clase política del país, cuya conducta, en extremo indecente, nos ha traído hasta aquí.

En este aspecto de su discurso, es justo decirlo con todas sus letras, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene razón y todos haremos bien en no olvidar la monstruosa corrupción característica de prácticamente cualquier gobierno del pasado -sin importar su signo ideológico.

Pero haremos todavía mejor en no ignorar un hecho igualmente evidente: la corrupción y la impunidad siguen siendo el sello distintivo de prácticamente cualquier gobierno del presente… Incluido el de López Obrador.

El punto, sin embargo, no es coincidir en el diagnóstico. Identificar la corrupción y apuntar en dirección de quienes la prohíjan y se benefician de ella no sirve de nada si al señalamiento no le acompaña una estrategia eficaz para contener y disminuir las conductas características del fenómeno.

Adicionalmente, es indispensable identificar el rasgo característico de cualquier modelo tendiente a combatir eficazmente la corrupción y la impunidad: debe hacerse desde el estado de derecho, es decir, mediante la creación de un sólido sistema de reglas e instituciones públicas.

Cualquier otra ruta está condenada al fracaso, pero en particular lo está todo “esfuerzo” basado en la voluntad personal y en las ocurrencias coyunturales. Más aún si se trata de la voluntad y las ocurrencias de un solo individuo. No importa si es el más honesto o el más sabio: si solo se pone sobre la mesa la voluntad personalísima, nada ocurrirá. Al menos nada bueno.

Y aquí es justamente donde nuestro Perseo de Pantano enseña gravemente el cobre y exhibe no solamente sus monumentales incompetencias, sino sus muy peligrosos vicios autoritarios.

El ejemplo más reciente de esta realidad lo tenemos en la hoy tan comentada reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. El Iluminado de Macuspana asegura haber ordenado -porque él no hace peticiones, da órdenes- esta reforma porque las empresas privadas beneficiarias de contratos para generar energía están “saqueando” al país merced a “cláusulas leoninas”.

¿Existen, en efecto, las referidas cláusulas “leoninas” en los contratos suscritos por las empresas -nacionales y extranjeras- antes y después de la reforma energética impulsada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto?

Personalmente no lo sé porque no los he leído. Pero tiendo a creerle al presidente López Obrador porque, como se dijo líneas arriba, la corrupción constituye un mal endémico en México y ello vuelve razonable la sospecha de negociaciones contrarias al interés público.

Pero, si la afirmación es cierta, ¿la única ruta para revertir tales condiciones era impulsar una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica? La respuesta es rotundamente no. Pero no solamente eso: haber reformado la Ley solamente les otorgó mejores instrumentos legales a los presuntos defraudadores del país para mantener sus alegados privilegios.

Por eso justamente las empresas cuyos representantes legales han promovido amparos, han obtenido ya la suspensión definitiva por parte de, al menos, un Juzgado de Distrito, tras alegar la inconstitucionalidad de la norma -por pretender aplicarse con efectos retroactivos- y han puesto en jaque al Presidente y su gobierno.

¿Cuál ha sido la reacción del Presidente frente a la catarata de amparos y las resoluciones recaídas a estos -resoluciones anunciadas desde hace meses por todos los especialistas en la materia-? Acusar a los jueces -sin prueba alguna- de formar parte del entramado de intereses privados y corrupción pues, desde su punto de vista, no existe otra explicación a sus resoluciones.

¿Se han dado las resoluciones judiciales merced a actos de corrupción? Nuevamente, no lo sé y no tengo ningún elemento para afirmarlo o negarlo. Pero nuevamente tiendo a considerar la posibilidad de su existencia.

El problema, sin embargo, vuelve a ser el mismo: pretender combatir la corrupción a base de señalamientos incendiarios, sin presentar una sola prueba y apelando solamente a los prejuicios colectivos, no solamente es una ruta equivocada, sino un acto jurídicamente ingenuo y políticamente irresponsable.

Revertir contratos perjudiciales al interés público y castigar a servidores públicos corruptos es, esencialmente, una tarea muy sencilla… pero requiere ponerse a trabajar en serio en la investigación de los casos y, sobre todo, abstenerse de dictar sentencia antes de presentar las acusaciones formales.

Lejos de tal posibilidad, López Obrador ha decidido convertirse a sí mismo en acusador, investigador, testigo, juez y verdugo para decidir él solo y únicamente al impulso de su voluntad caprichosa, quién es corrupto. Por esa ruta no solamente no habrá de reducirse el fenómeno: también se garantizará su indeseable perpetuación.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

carredondo

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