CDMX.- “Lava Jato” es una de las mayores operaciones en la lucha contra la corrupción en la historia de Brasil. Todo comenzó con una pequeña investigación a la empresa petrolera Petrobras, y terminó en un extenso caso de una red de sobornos por parte de la constructora Odebrecht.

A partir de ello, se han abierto denuncias contra empresarios y políticos en prácticamente todo el mundo. También se ha involucrado a expresidentes como Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff. En la investigación aparecen políticos, funcionarios y sus familiares procesados por vínculos con el caso Odebrecht.

En Brasil, Marcelo Bahia Odebrecht, presidente de la constructora, fue enviado a la cárcel el 19 de junio del 2015 con una condena de 19 años acusado de pagar 30 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petrobras. 

El expresidente de Perú, Ollanta Humala, y su esposa, Nadine Heredia,  fueron sentenciados a 18 meses de prisión preventiva el 13 de julio de 2017. 

Ambos están acusados de lavado de dinero y asociación delictiva por presuntamente recibir 3 millones de dólares de Odebrecht para financiar la campaña de Humala en 2011, proceso electoral en el que resultó ganador.

Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala fue imputado en julio del 2016 por los delitos de asociación delictiva, cohecho pasivo, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

El exsenador de Colombia, Otto Bula, fue acusado de aceptar un pago de 4.6 millones de dólares por parte de Odebrecht en 2013, a fin de que gestionara un contrato para construir una importante vía en el nororiente de Colombia. Fue detenido el 14 de enero de 2017.
Además de otros 20 funcionarios en todo Latinoamérica y parte de África, hasta hace unos días se dio a conocer en México los nombres de los supuestos implicados en el caso Odebrecht con Pemex. 

Petrobras licitaba sus obras a grandes empresas de ingeniería y construcción de Brasil, como parte de un programa impulsado por el presidente Lula y su entonces ministra de Energía, Dilma Rousseff, para estimular la creación de empleos en el país.

Para favorecer la contratación de ciertas empresas, la petrolera brasileña pedía sobornos que rondaban el 3% del presupuesto, que se repartía entre políticos y empresarios. 

El dinero era reintroducido al sistema a través de negocios de hoteles, lavanderías y estaciones de gasolina para ser blanqueado. 

Luego era transferido al extranjero, a través de empresas ‘fachada’, a cuentas en China y Hong Kong.