Tras el fallo de la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de Estados Unidos, el Grupo Cementero Chihuahua (GCC) debe pagar cerca de 50 millones de dólares a la Compañía de Inversiones Mercantiles (CIMSA). Además, reportar su situación legal ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y explicar por qué esa información no se reflejó en su Reporte de Resultados del Tercer Trimestre del pasado 27 de octubre.
 
Si su director general, Héctor Enrique Escalante, no ha dado a conocer de ese conflicto a la BMV, derivaría en una sanción por contravenir la Ley al haber omitido toda la información relevante en torno de los procesos judiciales que ha venido enfrentando.
 
Una vez que la cementera fue notificada de la sentencia en su contra, debió cumplir con el artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores que estipula que toda empresa está obligada a proporcionar oportunamente información relevante acerca de la situación real y actual en materia financiera, administrativa, operacional, económica y jurídica.
 
De acuerdo con dicha Ley, las empresas deben informar de sus riesgos potenciales, puesto que se reconoce que toda esta información puede afectar la toma de decisiones razonadas de inversión y estimación del precio de los valores emitidos por la propia emisora, conforme a los usos y prácticas de análisis del mercado de valores mexicano.
 
El litigio que persigue a GCC se originó en 2011, a partir de que esta empresa violó un acuerdo con los accionistas de CIMSA, su socia entonces y con la que participaba en la Sociedad Boliviana del Cemento (Soboce). Dicho acuerdo establecía que CIMSA tendría, en cualquier caso de venta de acciones de GCC, el derecho preferencial de compra.
 
GCC optó por vender más del 47 por ciento de sus acciones al Grupo Cementero del Sur. El incumplimiento de este acuerdo ocasionó una demanda por parte de CIMSA que en varios momentos ha tenido a su favor el arbitraje internacional y que ahora es resuelto, nuevamente en ese sentido, por la Corte de Apelaciones del décimo circuito en Colorado, EE.UU.
 
La cementera mexicana podría ser sancionada por contravenir la Ley de la BMV en lo que respecta a omitir u ocultar información tan relevante como la del proceso judicial que ha enfrentado en los últimos años y que ahora concluye con una sentencia que inicialmente la obligaba al pago de 36 millones de dólares, pero que hoy asciende a alrededor de 50 millones de dólares.