Bajo diversos paradigmas, los criterios de rechazo de candidatos a un puesto laboral han tenido una evolución considerable; lo que en el pasado nos detenía (como el rechazo a los tatuajes), hoy tiene un tratamiento muy distinto.

Sin embargo, hay una constante que se presenta en nuestros días y deviene del fácil acceso a las sustancias tóxicas, que perjudican el ingreso y, más allá de la contratación, la permanencia en el empleo.

Bajo un esquema de protección a la integridad de las personas y de acuerdo al contenido de la Ley Federal del Trabajo, que establece la obligación de realizar exámenes periódicos de salud, los exámenes voluntarios de nuevo ingreso incluyen el famoso antidoping.

El resultado a los niveles de personal directo de operación es realmente sorprendente, ya que bajita la mano un 27 por ciento, promedio nacional de los candidatos, aparece positivo en la prueba.

Los usos más comunes de sustancias tóxicas refieren a los famosos tramadoles, la piedra, mariguana y otros derivados cuyo valor comercial es bajo y de fácil adquisición, aun cuando sus efectos secundarios sean de mayor impacto en la salud.

Los Centros de Integración Juvenil  mencionan en su reporte 2017 que en el anterior año fueron atendidos 436 mil personas con problemas de drogadicción en sus diferentes centros y que por sectores corresponde el 9 por ciento al laboral, es decir 39 mil 240 personas.

Por otra parte, el Consejo Nacional de las Adicciones menciona que en los últimos siete años el consumo aumentó en un 47 por ciento, llevando la contabilidad de al menos 8 millones de mexicanos de entre 12 a 65 años que han consumido algún tipo de sustancia tóxica.

La otra variable de esta situación opera a través de la posible aplicación del término de discriminación laboral al rechazo de un candidato que consume, cuando la misma Ley Federal del Trabajo establece el uso de droga al momento de laborar como una causal de recisión y un despido justificado.

Para instituciones como el Conapred, por ejemplo, la exclusión de la oportunidad de trabajo significa un acto de discriminación y aislamiento; sin embargo, estas opiniones no ofrecen ninguna opción al usuario de drogas para efecto de que mediante la rehabilitación pudiera obtener una especie de certificado a fin de ser partícipes de una nueva oportunidad laboral.

Del otro lado del muro, según datos de la revista USWorkers, hoy día hay casi 6 millones de puestos vacantes de trabajo en Estados Unidos y la tasa de desempleo, en 4.1 por ciento, está en su nivel más bajo en 17 años. Pero la proporción de personas que trabajan o que buscan trabajo todavía no se ha recuperado a los niveles previos a la recesión.

La publicación señala que parte del problema es  el aumento en el uso indebido de analgésicos recetados, parcialmente responsable de las 64 mil muertes por sobredosis de drogas en 2016, que ha incapacitado a miles de personas en edad de trabajar que los empleadores estarían ansiosos por contratar. Y esto está preocupando a los funcionarios en los niveles más altos del Gobierno. “Contener la crisis de opioides es de vital importancia para garantizar una tasa de empleo estable”, escribió el Consejo de Asesores Económicos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su informe económico anual.

La paradoja es simple, al ritmo de solicitantes de empleo que llevamos en el País, que hacen uso de sustancias tóxicas, la tendencia será a la alta y, por ende, mientras no se modifique la ecuación de restricciones legales por las de opciones basadas en la solidaridad y el refugio, la situación continuará dejando talento fuera de las empresas. 

Winston Churchill escribió un día: “Un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad; un optimista ve la oportunidad en cada dificultad”.