La semana pasada, específicamente el 10 de junio, se cumplieron seis años de la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos en México. Sin embargo, después de seis años, es necesario analizar si la sociedad conoce los derechos humanos, y sobre todo la percepción que tiene de ellos.

Entre las principales características de la reforma de 2011, podemos mencionar el reconocimiento constitucional de los derechos humanos, así como el establecimiento de garantías para lograr su efectivo cumplimiento y protección. Ello principalmente en atención a los tratados internacionales firmados y ratificados por México.

Sin embargo, uno de los grandes desafíos del cumplimiento efectivo de los derechos humanos en México surge al contrastar éstos con el aumento de la delincuencia, ya que generalmente cuando los índices de criminalidad aumentan (o al menos cuando eso nos hacen creer), los niveles de apoyo de la sociedad a políticas represivas también aumentan.

Dado lo anterior, es común escuchar de políticos y líderes de opinión discursos en donde se explotan los temas de seguridad pública, reduciendo y en ocasiones eliminando de ellos la promoción y protección de los derechos humanos.

Es así que la posibilidad de introducir en la práctica métodos de control y vigilancia represivos y autoritarios aumenta y se fortalecen con la prácticamente nula oposición pública a tales métodos.

Con lo anterior se ha venido formando, en una parte de la sociedad, la idea de equiparar la defensa de los derechos humanos con la defensa de criminales y delincuentes, llegando a sostener que el aumento en la criminalidad es resultado de los derechos humanos, siendo éstos el problema a vencer.

Es común ver notas periodísticas en las que se asegura que la defensa de los derechos humanos no solamente complica el trabajo de los cuerpos de seguridad pública, sino que se han convertido en un negocio para “los criminales“, quienes pueden llegar a tener derecho a acceder a la protección y “beneficios” contenidos por ejemplo en la Ley General de Víctimas.

En dichas notas también es usual identificar opiniones de la ciudadanía, en la que se equipara el respeto de los derechos humanos de indiciados, imputados, acusados y/o sentenciados, con la corrupción. 

Incluso se ha llegado a asegurar que jueces y/o magistrados, reciben dinero a cambio de “tratar” bien a los delincuentes. Con ello, queda claro que parte de la sociedad ha percibido mal el mensaje, prevaleciendo la idea de ver los derechos humanos como obstáculo para sancionar a los delincuentes.
Si bien es cierto que con el incumplimiento de los derechos humanos se corre el riesgo de que alguien que fácticamente es culpable quede sin castigo, ello generalmente ocurre cuando la autoridad no realiza bien su trabajo.

Es necesario comenzar a prestar atención a tal situación e intentar contrarrestar la mala percepción que parte de la sociedad tiene respecto a la promoción, protección y garantía de los derechos humanos.

Se debe tener en claro que cualquiera de nosotros podemos encontrarnos (voluntaria, culposa o erróneamente) en el supuesto de cometer algún delito, por lo que defender los derechos humanos no es el problema, sino mas bien es parte de la solución.

Lo anterior en virtud de que el principal sentido de los derechos humanos es servir de límite al poder estatal, límites sin los cuales el Estado (entendido como forma y organización de la sociedad, mediante su Gobierno) tendría la oportunidad de violar o vulnerar con total libertad los derechos de los gobernados.

Es por ello que, los derechos humanos no son el problema, sino más bien son parte de la solución.

carloszv91@hotmail.com 
@carlos_zamorav

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la 
Academia IDH.