La política de “abrazos, no balazos”, con la que el presidente López Obrador se propuso enfrentar el fenómeno de la violencia provocada por la actividad del crimen organizado, claramente no ha producido el resultado deseado y, acaso, nos acerca a una nueva era de violencia desenfrenada, al menos en algunas regiones del país.

Un claro ejemplo de esta realidad es lo que ocurre en el estado de Tamaulipas, donde, en menos de dos semanas, se han registrado dos episodios que suman en total 28 personas asesinadas. Esto, sin contar los múltiples hechos en los que se registran homicidios violentos atribuibles a la actividad delincuencial.

Estamos hablando apenas de los casos más visibles de los últimos días, pero no se trata solamente de Tamaulipas, sino de todo el país, pues el pasado mes de mayo registró 2 mil 963 homicidios -en la estadística oficial- para convertirse en el mes más violento de este año. La estadística es dantesca: en promedio, casi 96 personas fueron asesinadas diariamente el mes pasado.

Más aún: los dos años más violentos de toda la historia del país han sido los primeros dos años de la administración de López Obrador, durante los cuales fueron asesinadas 69 mil 236 personas, cifra a la cual deben sumarse más de 16 mil 300 asesinatos ocurridos este año.

Tales cifras indican con toda claridad que, de la misma forma en que ocurrió en los últimos dos sexenios, la estrategia empleada por este gobierno para contener la violencia generada por la actividad delincuencial ha fracasado de forma estrepitosa. Con una agravante: no solamente no se ha contenido el fenómeno, sino que ha crecido.

Por ello, tal como se dijo en su momento durante el gobierno de Felipe Calderón, y se repitió a lo largo de los seis años del de Peña Nieto, es necesario decir ahora que el Gobierno de la República tiene que modificar la forma en la cual dice combatir al crimen organizado.

Lo anterior es más cierto cuando comienzan a multiplicarse episodios como los reseñados en los últimos días, con los cuales los grupos delincuenciales parecieran haber decidido reeditar su “estrategia propagandística” basada en el terror, exhibiendo los cuerpos de personas ejecutadas acompañando tal hecho de “advertencias” para sus adversarios.

Todos deseamos que los episodios característicos de la etapa más oscura que padecimos los mexicanos constituyan un mal recuerdo que no volverá. Pero para que ello ocurra el Estado tiene que asumir su papel de garante de la seguridad de todas las personas y no puede evadir tal responsabilidad recurriendo a un discurso propagandístico que soslaya el hecho relevante: cada día mueren decenas de seres humanos a manos de los delincuentes.

Un gobierno que decide “abrazar” a los criminales mientras estos disparan contra los ciudadanos es un gobierno que ha perdido el rumbo por completo y ha renunciado al cumplimiento de sus tareas más elementales. Un gobierno así es uno que se ha colocado de espaldas al pueblo que dice defender y por ello está obligado a rectificar de inmediato.