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Los abogados que necesitamos
Uno de los mayores temores a los que como ciudadanos podemos enfrentarnos es a los problemas legales, pero sobre todo vernos envueltos en ellos conociendo muy poco o incluso nada sobre cómo resolverlos. Sin embargo, el problema puede ser aún peor cuando el primer contacto que se tiene es con alguna rama agresiva del derecho, como por ejemplo el derecho penal.
Es ahí cuando debemos recurrir a quienes son –o al menos deberían ser– los expertos en la resolución de problemas jurídicos: las y los abogados. No obstante, la “fama” que malamente caracteriza a quienes se dedican al ejercicio del derecho genera desconfianza y en ocasiones más temor que el problema original.
Así, ante los problemas legales, generalmente no sabemos a quién acercarnos, no sabemos quién pueda orientarnos y es ahí cuando debemos preguntarnos: ¿Qué tipo de abogado necesitamos? La respuesta lógica sería que deberíamos buscar a un abogado penalista, laboralista, civilista, o bien, especialista en derecho familiar, atendiendo al tipo de problema al cual nos enfrentemos.
Sin embargo, los abogados que realmente necesitamos –independientemente de la rama del derecho a la que pertenezca el trámite jurídico a realizar– deben ser principalmente humanistas. Debemos recurrir a un abogado que no sólo se centre en la idolatría a la ley, que no crea que sólo por conocer la norma (o incluso porque se la sepa de memoria) ganará el caso.
Esa creencia, presente en muchas personas que se dedican a la abogacía, la mayoría de las ocasiones surge desde las aulas y muchas veces se fortalece en los juzgados. Es preocupante cómo en pleno Siglo 21, en la era digital y de la globalización, aún muchos catedráticos sostienen que el derecho se aprende y ejerce sólo conociendo los códigos, olvidándose de promover en sus estudiantes una postura crítica frente al derecho.
Por ello, es necesario que pronto en México se concrete una adecuada educación jurídica, pero no sólo la impartida en las escuelas y facultades de derecho, sino la que diariamente se genera durante las audiencias y diligencias, en dependencias gubernamentales y en los juzgados.
La importancia de una adecuada educación jurídica radica en que, en muchas ocasiones, el derecho no contempla todos los supuestos que en la realidad se nos presentan día con día, lo que genera que al momento de presentarse una problemática “novedosa” quienes tienen una formación predominantemente positivista no les encuentran solución, ya que la ley no les da la respuesta.
Por ejemplo, a pesar de los esfuerzos legislativos que se han realizado para garantizar los derechos de las personas desaparecidas y de sus familiares, en nuestro País aún se presentan decenas de situaciones específicas que no encuadran dentro de las figuras contempladas en las normas, lo que se traduce, muchas veces, en revictimización, discriminación y mayores gastos económicos para las víctimas.
El ejemplo antes señalado es tan sólo uno de los muchos que se originan diariamente, y en los que se generan problemáticas para las víctimas o en general para la ciudadanía. Por ello es necesario comenzar a cambiar y replantear la manera en la que se enseña y se aprende el derecho, partiendo por los profesores encargados de la formación de abogados, quienes deben tomarse muy en serio el papel de formadores de futuros profesionistas que a corto plazo serán litigantes, académicos, servidores públicos, etcétera.
Pero también es imperioso que en quienes estudian la carrera de derecho se promueva el interés por los problemas sociales y se les invite a generar propuestas de solución mediante la crítica, con argumentos, del derecho. Por lo tanto, los abogados que necesitamos son aquellos que no sólo estén interesados en proteger las cosas, sino que sobre todo estén enfocados en proteger a las personas y sus derechos.
@carlos_zamorav
Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH