Hace exactamente un año tuvo lugar un hecho inadmisible para una sociedad cuya aspiración sea la democracia: 43 estudiantes de una Escuela Normal del estado de Guerrero fueron secuestrados, sometidos a desaparición forzada y, según apuntan todas las evidencias, privados de la vida.

No puede haber fisuras en torno a la posición a la cual estamos convocados todos: el hecho debe ser condenado sin ambigüedades y a las autoridades -de todos los órdenes de Gobierno- debe demandárseles el esclarecimiento de los hechos, la persecución de los culpables, su sometimiento a juicio y la imposición del castigo previsto por las leyes.

Pero siendo indispensable la posición unánime de condena, es también imprescindible el establecimiento de matices respecto de la perspectiva desde la cual se demanda justicia y, sobre todo, respecto de la conceptualización de ésta.

¿Qué significa hacer justicia en el caso de los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa? La respuesta no es unívoca y merece clarificaciones.

Desde la perspectiva de las víctimas y de las familias de estas, hacer justicia implica, en primerísimo lugar, la asunción, por parte de las autoridades, de una posición clara en relación a los desaparecidos: presumírseles con vida y, en consecuencia, desplegar todos los esfuerzos necesarios para localizarles y devolverles a sus familias.

En segundo lugar, desplegar todas las capacidades del Estado para investigar los hechos, perseguir a los responsables de los delitos cometidos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, arrestarles, someterles a proceso y condenarles conforme a derecho.

El Estado puede, efectivamente, cumplir con pulcritud el presupuesto anterior y el resultado ser insatisfactorio para quienes atestiguan la escena desde el territorio del dolor, de la pérdida lacerante de un ser querido. Nadie puede reprocharle a las familias de los desaparecidos asumir con desencanto el resultado de las investigaciones, independientemente de si se emplearon todos los recursos económicos, técnicos, humanos y científicos para ello.

Aquí es donde la posición de las víctimas y sus familias requiere separarse de la del resto de la sociedad, pues la perspectiva de justicia, a fin de resultar útil a los propósitos colectivos, no puede ser la misma para quienes no formamos parte de la tragedia de forma directa.

Para el resto de la sociedad es importante, por supuesto, la realización de una investigación pulcra, así como la persecución y el castigo a los culpables. Pero además de eso -e incluso por encima de ello- es imprescindible conocer la verdad de lo ocurrido.

En términos sociales, la verdad constituye un bien sumamente preciado pues ésta es la única garantía para lograr el objetivo más relevante para todos luego de haber atestiguado una tragedia humanitaria como la de Iguala-Cocula: evitar la repetición de hechos similares en el futuro.

Porque los hechos -por doloroso que resulte admitirlo- podrían quedar impunes debido a múltiples razones: alguno o todos los responsables podrían no ser identificados, huir de forma eficaz, estar muertos o fallecer en el período de la investigación.

De igual forma, incluso con el uso de todos los recursos disponibles, podría no lograrse nunca la identificación de los 41 estudiantes aún desaparecidos porque ésta resulte materialmente imposible.

Tales circunstancias implicarían, desde la perspectiva de las víctimas y sus familias, un hecho incontrovertible: no se habría hecho justicia y, por tanto, las investigaciones deben seguir abiertas de forma indefinida. Una vez más, nadie puede criticar la asunción de esta posición por parte de las víctimas.

En términos sociales, sin embargo, mantener abierta indefinidamente una investigación, cuando todas las evidencias apuntan hacia la imposibilidad de resolver el caso con sujeción al derecho, constituye un despropósito.

Por ello, la búsqueda de la verdad puede -y eventualmente debe- estar por encima de la satisfacción de las demandas de las víctimas, si estas demandas resultan de imposible cumplimiento.

Es políticamente incorrecto decirlo, pero es absolutamente imprescindible señalarlo: las investigaciones realizadas -con todos los defectos que se les puedan adjudicar- apuntan en una dirección muy clara: los estudiantes secuestrados fueron asesinados y sus restos incinerados o desaparecidos de alguna forma que puede conducir, más tarde o más temprano, a una conclusión indeseable: localizar a los desaparecidos es imposible.

Pero si tal realidad se actualizara -lo cual sería lamentable, sin duda- el descubrimiento de la verdad seguiría siendo relevante porque, en términos sociales, lo importante luego de ocurrida una tragedia como ésta es garantizar que nunca más vuelva a ocurrir. Y eso únicamente se logra sabiendo la verdad… La verdad histórica.

Volveremos al tema.

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