De acuerdo con datos que obtuvo El País, en los últimos seis meses del 2018, dos proveedores de la Policía Federal mexicana desviaron cientos de millones de pesos de la corporación a una red de compañías inexistentes o sin actividad.

Agregan los proveedores, Servicios Esrome y Comercializadora Dizoal, firmaron tres contratos por 774 millones de pesos con la Policía Federal para la adquisición de sistemas de monitoreo de redes sociales e intercepción de llamadas. Esrome y Dizoal debían usar el dinero para comprar los productos a firmas israelíes, pero en realidad mandaron casi todo, algo más de 768 millones de pesos, a otras empresas, que a su vez lo mandaron a otras compañías, la mayoría en México.

Las personas que aparecen en las actas de constitución de estas dos empresas son en realidad adultos mayores, vecinos de pueblos de clase baja del área metropolitana de Ciudad de México.

Los nuevos señalamientos de desvío provienen de hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Los informes, que no eran públicos hasta ahora, profundizan en las sospechas que levantó la propia ASF en febrero de 2019.

Los contratos se firmaron en el segundo semestre de 2018, durante los últimos seis meses de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La Policía Federal estaba a cargo de la Secretaría de Gobernación, encabezada entonces por el político mexiquense Alfonso Navarrete. Renato Sales era el comisionado nacional de Seguridad y Manelich Castilla, el comisionado de la Policía Federal.

Castilla es el funcionario de mayor rango vinculado a los contratos con Esrome y Dizoal. El comisionado avaló la entrega de fondos de la corporación a las divisiones que luego firmaron los contratos con los proveedores.

Con información de El País