CIUDAD DE MÉXICO.- El segundo y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) profundizó en la misma tendencia que el reporte de septiembre de 2015, pero con revelaciones aún más delicadas.

Éstas conducen a desmontar la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y van perfilando un “encubrimiento histórico”, tal como declaró Joy Olson, directora ejecutiva de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

En este segundo informe podemos identificar al menos los siguientes 10 puntos explosivos del “encubrimiento histórico”.

1. “Siembra” de evidencias por parte de Tomás Zerón.- ¿Qué hacía Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, el domingo 28 de octubre de 2014 en el lecho del río San Juan, un día antes de que se conociera la “versión oficial” sobre el hallazgo de los supuestos restos de los 43 estudiantes en ese mismo río y en el basurero de Cocula?

Carlos Beristáin, uno de los cinco integrantes del GIEI, destacó la contradicción de las fechas al mostrar el video donde se observa a Zerón junto con otro personal de la PGR. No lo dijo con contundencia, pero todos pensaron lo mismo: se sembraron evidencias un día antes para ajustar la versión de la “verdad histórica” obtenida a partir de la tortura de la mayoría de los inculpados.

“No encontramos ningún informe sobre esos hechos, ninguna diligencia el día 28. Toda la información oficial empieza el 29 de octubre”, sentenció Beristáin.

Este es el punto más explosivo que colocaría al gobierno mexicano, en general, y a la PGR y a Zerón en lo particular, en una situación de vergüenza internacional y de posibles delitos muy graves.

2. Tortura documentada en al menos 17 de los 61 detenidos.- Al menos 17 de los 61 detenidos por las autoridades estatales y federales fueron torturados. Entre éstos están los cinco principales “autores intelectuales” y “materiales” de la “verdad histórica”, en donde se señala que sicarios de los Guerreros Unidos se llevaron a los estudiantes y los calcinaron en Cocula.

“Los informes médicos realizados de forma secuencial tras la detención muestran que en todos los casos se dan lesiones nuevas durante el periodo de detención bajo custodia”, señala el documento del GIEI.

Para la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Érika Guevara Rosas, el informe es “demoledor” porque documenta la práctica de la tortura generalizada. Justo unos días después que prácticamente todo el gabinete de seguridad nacional presentó “disculpas” por la evidencia de un video donde se torturó a una mujer por parte de soldados y policías federales.

3. ¿Quién es El Caminante?.- Por primera vez, los integrantes del GIEI mencionaron a un presunto integrante del cártel Guerreros Unidos, identificado como El Caminante, que sostuvo comunicación con al menos siete policías municipales ubicados en Cocula e Iguala durante las “horas críticas” del ataque del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Se ignora quién es El Caminante, pero el GIEI subrayó que “es una línea de investigación que no se ha agotado”.

4.- Suplantaron al verdadero chofer del quinto autobús.- Ángela Buitrago, una de las integrantes del GIEI más atacadas por la campaña mediática orquestada oficialmente, subrayó al leer el punto sobre el quinto autobús –el que tendría “heroína sembrada” y fue secuestrado por los normalistas por equivocación– que el chofer que les presentaron las autoridades no es el mismo que se observa en el video oficial.

“Ostensibles diferencias” existen entre el chofer original y la persona que fue presentada ante el GIEI.

El quinto autobús y su chofer son claves para confirmar la hipótesis del trasiego de heroína de Guerrero a Chicago.

“El quinto autobús es una hipótesis investigativa que podría justificar el ataque masivo e indiscriminado” contra los estudiantes de Ayotzinapa. Ahí estaría el verdadero móvil.

5. Hubo llamadas telefónicas de estudiantes vivos.- En contra de la tesis de la PGR de que “todos los teléfonos móviles de los estudiantes fueron destruidos”, el GIEI identificó que días después se activaron llamadas de algunos estudiantes desde el municipio de Huitzuco o desde Iguala.

El estudiante Jorge Aníbal Cruz Mendoza envió un mensaje de texto a su madre, a la 1:16 de la madrugada del 27 de septiembre, pidiéndole “que le pusiera saldo”. “Este teléfono siguió activo incluso meses después”, subrayó el GIEI. No se investigó esta línea y menos la posibilidad de que varios estudiantes estuvieran vivos a partir del análisis de la telefonía.

6. Es insostenible la “quinta versión” de la PGR.-El GIEI fue enfático al afirmar que antes de su primer informe existían cuatro versiones sobre el destino de los 43 estudiantes. Cuando se exhibió la “mentira histórica” de que todos los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, la PGR a través de Tomás Zerón dio origen, en septiembre de 2015, a la “quinta versión”: un grupo importante, no todos los estudiantes, pudo haber sido incinerado en el basurero de Cocula.

“No hay ningún sustento en el expediente para sostener esta versión”, sentenció el GIEI. Es decir, la PGR y Tomás Zerón en particular han mentido o “fabricado” esta quinta versión.

7. El tercer peritaje de dinámica de fuego en Cocula es un fraude.- El GIEI fue contundente al descalificar el tercer peritaje que la PGR entregó sobre la “dinámica de fuego” en Cocula, en marzo de este año. Este peritaje detonó la ruptura entre el GIEI y la PGR.

En su informe los expertos afirmaron que sólo se presentó un informe de nueve páginas, que incluye fotos de Google Earth y su dictamen está en sólo tres páginas. En opinión del GIEI este documento “no alcanza el estándar mínimo” para ser analizado por un tribunal nacional o internacional, según leyó Francisco Cox.

El tercer peritaje “no contiene cálculos, no hay referencia al estudio de (José) Torero ni al peritaje del Equipo Argentino. La respuesta dada a los objetivos del estudio no contiene ningún análisis ni ningún razonamiento científico. No hay el rigor científico mínimo para dar respuesta a los objetivos fundamentales”, sentenció Cox.

Además, el informe reveló que los peritos contratados por la PGR fueron obligados a firmar un acuerdo de confidencialidad “a perpetuidad”, bloqueando la posibilidad de saber si hubo disenso o no en el grupo que realizó el tercer peritaje.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) encontró restos óseos de 17 personas y “ninguno corresponde” a los 43 normalistas. Por tanto, la “quinta versión” es insostenible.

8. La Policía Federal “colaboró” en el ataque a los estudiantes.- En contra de la hipótesis oficial de que sólo los policías municipales y estatales, coludidos con Guerreros Unidos, secuestraron y entregaron a los 43 estudiantes, el GIEI aportó elementos para confirmar que elementos de la Policía Federal participaron en tres retenes en Iguala, Cocula y Huitzuco, que impidieron así que los normalistas abandonaran Iguala la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Al menos cinco vehículos de la PF tuvieron algún tipo de participación en los eventos. E identificaron estos vehículos con los números 11742, 11744, 11740, 9908 y 9910.

“Hubo un control cerrado, directo y permanente del movimiento de los estudiantes desde Chilpancingo hasta Iguala durante más de 10 horas; hubo un control y presencia de seguridad pública, policía ministerial, policía municipal, PF, Ejército y otros miembros de seguridad pública que monitorearon, segundo a segundo, las actividades de los estudiantes en la entrada de la caseta de Iguala”, subrayó Angela Buitrago al leer esta parte del informe.

9. La participación del 27 Batallón fue al menos por omisión.-A pesar de que se les negó la posibilidad de entrevistar a los integrantes del 27 Batallón de Iguala, el GIEI informó que varios normalistas llegaron a la puerta de este batallón y se les negó ayuda, al igual que familiares del equipo Los Avispones, cuyo autobús también fue atacado. Los militares han negado esta versión.

También exhibieron contradicciones en las versiones de los militares que han declarado. Uno de ellos afirmó que acudió a la barandilla para preguntar por una motocicleta, pero había elementos suficientes para afirmar que también fue a averiguar por la situación de los 43 normalistas desaparecidos.

10. La doble victimización de Julio César Mondragón.- El GIEI pidió una segunda autopsia al cuerpo de este joven, cuya foto con el rostro desollado y con múltiples heridas en el cuerpo se convirtieron en la imagen internacional de la trágica noche de Iguala y del nivel de violencia contra los normalistas.

El GIEI afirmó que los familiares “pasaron por un calvario de tres meses” para que se realizara la segunda autopsia y que sufrieron una “victimización secundaria” por la indolencia, burocratismo y sadismo de las autoridades ministeriales.

En México, afirmó Carlos Beristáin, “existe una legalidad que no está al servicio de las víctimas”.