El pasado 2 de septiembre el Ayuntamiento de Saltillo informó a través de un boletín de prensa que, de acuerdo con la agencia internacional Fitch Ratings, es uno de los cinco municipios del País mejor evaluados en “calidad crediticia”, asumiendo que dicha valoración es la máxima voz autorizada en el tema y que, por tanto, debemos creer en el mensaje implícito de su comunicado.

Ahora bien, antes de considerar la calificación de Fitch Ratings como una verdad irrefutable (hablando en plata no es más que una opinión especializada y sólo 102 municipios fueron analizados), habría que revisar el informe completo, no sólo el párrafo más favorable a los intereses de la presente administración municipal.

Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo.

En palabras de Fitch Ratings (las cuales no reproduce la Presidencia en su publicidad, convenientemente) la nota que otorgó a Saltillo “está limitada por la tendencia creciente al gasto operativo”. Es decir, durante la gestión de Isidro López (hasta el 30 de junio de 2015) se ha registrado un “aumento en servicios personales y transferencias no etiquetadas”.

Dicho de otra forma: derrocha en nómina, y maneja el dinero público con poca transparencia.

No lo dice quien esto escribe, sino Fitch México S.A. DE C.V., quien les cobró 153 mil 691 pesos en 2014 y 158 mil 102 pesos en 2015 por señalarlo, según el oficio UAI/474/15.

Lo anterior, por supuesto, no se destacó en el referido comunicado del Ayuntamiento. Al contrario, ni siquiera lo mencionan. De la evaluación que realizó Fitch Ratings sólo recalcan que Saltillo es una ciudad con deuda pública cero y, por lo mismo, tiene el visto bueno de los bancos para contratar créditos en caso de necesitarlo. Pero esa medalla, justo es decirlo, corresponde al Gobierno Municipal anterior por dejar así la contabilidad aunque no será por mucho tiempo más, pues la otra firma contratada para verificar sus finanzas, Standard & Poor’s, sugiere que necesitará endeudarse a corto plazo (con 75 millones de pesos anuales “en cadenas productivas”) para “enfrentar presiones de liquidez”.

Dicho sea de paso, Standard & Poor’s S.A. DE C.V. facturó 271 mil 813 pesos en 2014 y 311 mil 262 en 2015 por hacer el análisis.

Pero vayamos a los puntos neurálgicos.

Respecto a la ambigüedad con que manejan el presupuesto (“transferencias no etiquetadas”) basta un ejemplo, a propósito del tema favorito de los saltillenses: las multas electrónicas de Tránsito. 

Hasta el 27 de agosto del año en curso el Ayuntamiento había recaudado 15 millones 911 mil 466 pesos en esa modalidad. Al cuestionar en qué han utilizado esos recursos la explicación oficial es tan parca como a continuación se cita: “el destino de los ingresos de las fotomultas se ha aplicado al gasto público” (oficio UAI/448/15). Así, sin más. Una respuesta genérica, con ganas de no decir nada.

Por lo que hace al excesivo pago de la burocracia (“aumento en servicios personales”), VANGUARDIA publicó el 29 de junio que, desde que asumió la Presidencia Isidro López, aumentó el presupuesto para nómina 195.1 millones de pesos. Dinero que, en otras circunstancias, podría destinarse a obras públicas y producir algún beneficio a la comunidad.

Cortita y al pie

Por lo demás, Standard & Poor’s  describe al Ayuntamiento de Saltillo con economía de palabras en su reporte de 2015: “consideramos que la administración financiera es débil debido a la limitada planeación de mediano a largo plazo que tiene el Municipio, así como su vulnerabilidad ante el entorno político”.

La última y nos vamos

En resumen, no es un asunto menor: los puntos positivos, fueron heredados por el Gobierno Municipal anterior; y los negativos, generados por el Ayuntamiento actual. Y no lo dice quien esto escribe, sino Fitch Ratings y Standard & Poor’s.

@luiscarlosplata