Una ominosa normalidad nubla el registro de los acontecimientos trascendentes de la vida en común. Esa normalidad está llena de riesgos y amenazas, sobre todo a la seguridad: vivimos en un país con miedo. En breve esa normalidad será alterada por un proceso constituyente. 

Se ha dicho que el Constituyente capitalino será de avanzada, un ejemplo para las entidades federativas, sumidas en su mayor parte en la penumbra del despotismo y la incivilidad. Para serlo tiene que proponérselo, y el proyecto que habrá de presentar el jefe de Gobierno lleva la iniciativa. De ahí la pertinencia de hacer propuestas para que la Ciudad de México se distinga del atraso político circundante. 

En primer lugar, el reconocimiento más amplio posible de los derechos humanos, incorporando el principio de igualdad formal y real en consonancia con el de no discriminación. Toda política debe justificarse en virtud del apoyo a los menos beneficiados por el disfrute de derechos y bienes públicos. En segundo lugar es necesario revisar el modo de elegir a la CDH de la CDMX para que pueda intervenir en violaciones sistémicas de derechos humanos, no sólo a partir de casos particulares, sino por la comisión de actos recurrentes que los violen en virtud de arreglos institucionales perjudiciales, y hacer que sus resoluciones tengan un carácter general. En la misma dirección, hay que acentuar la transversalidad de los derechos humanos en todas las políticas públicas; siendo éste el primer deber de toda autoridad según la Constitución de la República, la capital puede colocarse a la vanguardia de su defensa y protección por encima de toda otra consideración. Los Poderes y órdenes de gobierno quedarían, así, atados a la obligación de honrar los derechos de todos los capitalinos. Podría ésta ser una señal para que despierte la siempre diferida justicia. 

En atención a los artículos 39 y 40 de la Constitución, la soberanía popular puede ser mejor ejercida acortando la distancia entre el parecer ciudadano y la voluntad de los representantes. Por consiguiente, la deliberación en los espacios de la sociedad civil debe ser institucionalizada y asociarse íntimamente a la deliberación de los representantes en las decisiones legislativa y ejecutiva. Toda deliberación genuina implica trascender en la decisión acerca de lo deliberado. Ciudadanos y representantes deben ser reunidos en torno a esa trascendencia. 

A nadie escapa que el caos urbano es la pesadilla de la sociedad capitalina y de las zonas conurbadas. La anarquía no se debe a la pura aglomeración demográfica, sino al predominio de intereses que se imponen por encima de las leyes, los reglamentos y los intereses públicos para satisfacer la voracidad de unos cuantos privilegiados. La obra urbana y la ordenación del territorio deberían ser guiadas por una política transparente e incluyente de la opinión y el interés de la ciudadanía. Transporte y medio ambiente sano son componentes esenciales del bienestar y representan un reto para esta y la próxima generación, antes de acabar con la que fue la “región más transparente del aire”. Un consejo de planificación con participación de todos los sectores y con facultades vinculantes se impone como medida esencial que complemente a la Legislatura. Nada de lo anterior servirá sin acceso parejo a la justicia, sin procuración moderna, eficiente y honrada, sin un Poder Judicial comprometido, profesional y a prueba de cañonazos de dinero e influencia. 

El proceso constituyente no puede permitirse evadir la responsabilidad de poner a la Ciudad a la vanguardia y crear un efecto de demostración del “¡sí se puede!” que la mayoría quiere escuchar. 

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