Durante la pandemia, jueces y tribunales federales de todo el país han emitido 777 sentencias de amparo, suspensión, de recursos de revisión y de queja tramitados por el tema del coronavirus, solicitados por ciudadanos, personal de salud e incluso empresas.

Los principales actos reclamados van desde peticiones para no atender a pacientes con el virus debido a que se tiene alguna comorbilidad o son cuidadores de personas en condiciones de vulnerabilidad a la enfermedad hasta las demandas de quienes piden que se les garantice el ingreso mínimo para sobrevivir, pues fueron despedidos de sus trabajos.

Las solicitudes de médicos y enfermeros han derivado en aproximadamente 200 sentencias de amparos directos, indirectos, interlocutorios (incidentes de suspensión), así como recursos de quejas.

En estos litigios, el personal de salud exige equipo adecuado para atender a pacientes con Covid-19, que las autoridades sanitarias cumplan con las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a propósito de la pandemia y que se les permita ausentarse de sus labores por pertenecer a grupos vulnerables.

EL UNIVERSAL realizó un conteo de las resoluciones emitidas por el Poder Judicial de la Federación (PJF) durante los meses de contingencia sanitaria, mismas que ya fueron publicadas en la base de datos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Las resoluciones han sido dictadas por los jueces y tribunales que permanecen de guardia desde el pasado 20 de marzo, cuando el CJF determinó suspender los términos judiciales y actividades presenciales en sus instalaciones como parte de las medidas preventivas de contagio.

Dichos jueces y tribunales sólo están facultados para atender asuntos urgentes, entre los que se encuentran amparos relacionados con cualquier violación a los derechos humanos derivada de la contingencia sanitaria.

Algunos de los amparistas han accedido a este tipo de juicios gracias a iniciativas de organizaciones de la sociedad civil o colectivos de abogados que decidieron prestar sus servicios de manera gratuita para tramitar las peticiones de protección federal.

Tal fue el caso del colectivo Justicia Covid que desde el 11 de mayo de 2020 reunió a diversos despachos jurídicos de todo el país para ofrecer este servicio a quienes lo necesitan.

Hasta el momento, la organización ha tramitado más de 50 amparos para personas de la tercera edad, población vulnerable, profesionales de la salud, embarazadas, niños y adolescentes, entre otros, para conseguir protección durante la pandemia.

Elvira Vázquez, abogada integrante del Despacho de la Peña Rivera que forma parte del colectivo Justicia Covid, explicó que al inicio de la pandemia el problema más común era la falta de insumos médicos en Baja California, donde radica el bufete.

“Creímos que era un escenario aislado y que solamente con el amparo podíamos garantizarle este beneficio al personal de salud. No sólo al personal médico, sino a todo el que estaba en la primera línea.

“El abogado Guillermo Rivera se percató de que este ejercicio ocurría en otras latitudes, pero con otras vertientes”, dijo en entrevista.

“Por ejemplo, en San Luis Potosí hay colonias marginadas que no tienen derecho al agua y si dentro de las principales recomendaciones de salud es el lavado constante de manos, lo que más ocupas es el agua, entonces ahí se detectó otro derecho vulnerado: el acceso al agua”, explicó.

Añadió que en los amparos que han tramitado es notable que los jueces federales coinciden en el reconocimiento de que las autoridades de salud han incumplido con medidas como el resguardo domiciliario estricto para personal en condiciones de vulnerabilidad al coronavirus.

Las sentencias emitidas por el PJF han sido realizadas por los jueces que están de guardia desde el pasado 20 de marzo.

Esta situación ha derivado en la emisión de suspensiones de plano que son acatadas por las autoridades sanitarias para no obligar a sus trabajadores en estas condiciones a acudir a trabajar.

Conforme avanzan los trámites de amparo, los quejosos que han recibido asesoría del colectivo han manifestado a sus abogados que “se sienten protegidos, sobre todo, los de resguardo domiciliario, quienes prácticamente en todos los casos es personal de salud.

“Esto ha generado la imagen de que hay procedimientos jurídicos creíbles, mecanismos confiables y que hay medidas realmente efectivas”, detalló.

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