Diferentes actores de la Oposición exigieron que se investiguen las compras realizadas por el Poder Judicial a la familia de su titular Miriam Cárdenas, luego de que se revelara que en lo que va del año han aumentado 120 por ciento versus 2015. 

Por un lado, el alcalde de Acuña, Lenin Pérez, llamó a investigar este caso, como el de las supuestas empresas “fantasma”, para además establecer mecanismos verdaderamente de transparencia y filtros que regulen el gasto público. 

“Parece que lo que hoy existe no ha sido suficiente para evitar los intereses que puedan tener de carácter familiar o con intereses económicos particulares del funcionario”, apuntó el Edil fronterizo.

En ese contexto, el empresario Armando Guadiana sostuvo que está muy mal que funcionarios aprovechen los puestos públicos para beneficiar a unos cuantos. 

“Se debería investigar si los servicios que están pagando, realmente se hicieron”, afirmó Guadiana.

Mientras que Sergio Garza Castillo, diputado por la UDC, se pronunció porque Armando Plata, auditor Superior del Estado, investigue la actuación de la titular del Poder Judicial del Estado.

¿Qué leyes violaría?

En el currículum disponible en el portal del Poder Judicial, Cárdenas refiere ser “accionista del Grupo Principal que agrupa los Restaurantes El Principal, Mesón del Principal, El Chivatito, Don Artemio y Salón de Eventos Villa Ferré”.

El artículo 52 en su fracción XXIII de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos señala textualmente: 

“(Los servidores se deben) Abstener, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública, con quien desempeña un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, o bien con las sociedades de que dichas personas formen parte”.

Las sanciones van desde el apercibimiento hasta el despido del funcionario, según la gravedad.
Mientras que también incurriría en faltas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios.

En marzo de este año, el Gobierno del Estado firmó y promulgó el decreto que reformó diversos ordenamientos en materia de conflicto de intereses en el servicio público.

“Está a la par del delito de negociación ilícita contemplada en el Artículo 199 del Código Penal que señala una pena de seis meses a ocho años de prisión, multa, retiro del cargo e inhabilitación para ejercer la función pública hasta por ocho años para el funcionario que contrate algún servicio u obra pública, existiendo conflicto de intereses”, sostuvo en ese entonces Carlos Cabello, secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas.