Manuel Bartlett Díaz, de un pasado oscuro en la política mexicana, busca culpables de su propia ineptitud, tiene un desdén por los trabajadores del carbón y muestra su desconocimiento de las leyes en materia de minería y electricidad, así lo dijo Rodrigo Fuentes Ávila.

El presidente del Comité Estatal del PRI en Coahuila, se unió a la defensa del gobernador Miguel Riquelme y dijo que Barttlet es tres veces asesino porque en 1988 “mató” a la democracia, luego se le involucró en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Salazar, y ahora es culpable de la muerte de mineros en Coahuila.

Bartlett, explicó el dirigente del partido político que domina en Coahuila, es un personaje oscuro de la política mexicana cuya voz carece de autoridad moral y que durante su vida ha sido acusado desde robarse una elección presidencial, hasta enriquecerse a la sombra del poder o incluso, hay quienes lo señalan como uno de los participantes en el homicidio de un agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

“Respaldamos la aseveración del gobernador Miguel Riquelme: Manuel Bartlett”, explicó Fuentes Ávila, “es el responsable moral de la muerte de esos mineros de Múzquiz, por disminuir el precio del carbón”.

Agregó que “sabemos que una acusación de este tipo hacia Bartlett es ‘una raya más al tigre’, ya que su pasado es bien conocido por el pueblo de México”.

Además, a mediados del mes de mayo, aparecieron noticias en varios medios nacionales donde la Drug Enforcement Administration (DEA) tiene en la mira a Manuel Bartlett, ya que su nombre aparece en varias páginas de la investigación aún abierta en Estados Unidos, por la muerte del agente Enrique ‘Kiki’ Camarena.

Lo más reciente que se tiene de este personaje es el cuestionamiento de sus propiedades millonarias, “aquí yo les pregunto, ¿quién no se enteró del imperio inmobiliario de este señor?, con 23 casas de lujo en los sectores más exclusivos de México, superan los 800 millones de pesos, esas casas no corresponden a sus ingresos, además que pasó por alto declararlas ante la Secretaría de la Función Pública”, explicó Fuentes Ávila.