Nadie en su sano juicio puede estar en contra de que el sector público gaste mejor el dinero de todos. Y menos puede estar en contra si el gastar mejor implica rescatar los recursos que hasta hora se han perdido en el barril sin fondo de la corrupción.

Pero igual que existe acuerdo unánime en torno a la necesidad de fomentar la austeridad y combatir la corrupción, lo hay en relación a la exigencia de que el sector público sea eficaz en el cumplimiento de sus responsabilidades, pues de poco sirve un gobierno austero y honesto, pero incompetente.

En otras palabras: la austeridad y la honestidad son virtudes que los ciudadanos no sólo apreciamos, sino que demandamos de quienes pueblan la nómina pública. Pero no es eso lo único que esperamos de nuestros servidores, sino apenas lo mínimo.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al grave retraso que registra la distribución de los libros de texto gratuito y que, de acuerdo con lo dicho en Coahuila por las autoridades educativas, implica que los libros no podrán distribuirse a tiempo, es decir, que los alumnos de nuestras escuelas no los tendrán al inicia del ciclo escolar.

¿Por qué está retrasada la entrega de libros de texto? Porque el Gobierno de la República decidió, en abril pasado, declarar desiertas 29 de las 34 licitaciones que abrió para asignar los contratos de impresión de los libros.

¿Qué significa haber declarado desiertas el 85 por ciento de las licitaciones? Esencialmente que quiso aceptar las condiciones originalmente planteadas por el Gobierno Federal para imprimir los libros.

Tal hecho implica un error de planeación y una pésima ejecución que no alcanza disculpa por una razón muy simple: la elaboración y distribución de libros de texto gratuito tiene en México una historia de décadas que implica contar con una amplísima experiencia en el ramo.

Si los nuevos funcionarios del Gobierno Federal consideraron que ellos podían lograr los objetivos de este programa a un menor costo, por supuesto que debían intentarlo, pero nunca poniendo en riesgo que los libros no estuvieran a tiempo para el inicio del ciclo escolar.

La ineficiencia, es preciso decirlo, también es una forma de corrupción, porque al final del día implica que la falta de pericia o las malas decisiones que se toman porque no se cuenta con la experiencia necesaria se traducen en costos que pagamos los ciudadanos.

Y aquí habrá que insistir en lo fundamental: la austeridad implica no gastar en lo superfluo, no derrochar el dinero en actividades, servicios, instrumentos o equipos que no acarrean ningún beneficio a los ciudadanos. Pero ser austeros no significa que forzosamente todo lo que el Gobierno compra debe ser más barato y que tal meta debe lograrse a cualquier costo.

Tampoco se trata de asumir la posición opuesta, es decir, que los libros de texto deben estar a tiempo sin importar lo que cueste lograrlo. De lo que se trata es que la educación no termine siendo “víctima” de una política de austeridad mal entendida, como parece ser el caso.